En los últimos ocho meses en el país han sido judicializados 52 integrantes del Congreso de los Pueblos, acusados de pertenecer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Asimismo, han asesinado a 12 excombatientes de Farc y a cerca de 32 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
Esta crítica situación fue abordada en una entrevista realizada por Edinson Arley Bolaños, de El Espectador, a Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del Programa Somos Defensores, y que ahora Análisis Urbano transcribe para sus lectores.
“Por estos días de convulsión política, mientras el electo presidente Iván Duque Márquez realiza el proceso de empalme con el saliente gobierno de Juan Manuel Santos, por los lados del movimiento social colombiano la movilización pacífica parece ser la salida para enfrentar lo que han denominado persecución política y judicial contra los defensores de derechos humanos en todo el país”.
“Por eso, este martes 26 de junio se concentraron frente a las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, con un objetivo: exigir la liberación de los líderes sociales detenidos y a quienes han acusado de pertenecer a la insurgencia del ELN. ‘Al menos 52 miembros del movimiento social y político Congreso de los Pueblos han sido judicializados en no más de 8 meses; mientras que la cantidad de asesinatos contra defensores de derechos humanos ya superan los 400, en los últimos de 30 meses’, dice la misiva con la que invitaron a los plantones que también se realizaron el miércoles 27 de junio en las ciudades de Medellín y Cali”.
“Uno de los hechos por los que el movimiento social reclama tiene que ver con la detención masiva de 33 personas, incluidos líderes sociales, el pasado 20 de abril de 2018 en el suroccidente colombiano. Ahí fueron capturados exfuncionarios públicos y defensores de derechos humanos, indígenas y afrodescendientes, de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño”.
“Y otro de los casos en los que reclaman con vehemencia es el de Julián Andrés Gil Reyes, quien es el secretario técnico y miembro de la comisión internacional del Congreso de los Pueblos. Fue capturado el 6 de junio pasado, señalado de participar de manera indirecta en acciones bélicas como miembro de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional. ‘Muchos de estos casos, como en el pasado, terminan siendo “falsos positivos” judiciales en los que los líderes o dirigentes políticos siempre recobran su libertad’, dijo Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y de la plataforma Somos Defensores”.
“Diana, ¿qué sucede en este momento con los líderes sociales del país, principalmente los que están siendo encarcelados por la justicia?”.
“Creemos que el cierre de la confrontación entre el Estado y las Farc ha sido muy positivo y eso ha traído un alivio en muchos territorios donde se daba duramente esta confrontación. Sin embargo, nos preocupa mucho que quienes estén cargando con el costo del cierre del conflicto armado en Colombia sean los líderes sociales porque están en los territorios. Por un lado, las amenazas y los asesinatos contra los defensores de derechos humanos, y por el otro, la persecución judicial a la que están siendo sometidos”.
“¿Qué sucedió con las detenciones masivas que se registraron este año en el sur del país?”.
“Este año también se presentó un hecho muy sonado y lamentable en el sur del país, donde detuvieron a 34 personas entre expersoneros, exalcaldes, líderes afrodescendientes e indígenas, y varios defensores de derechos humanos. Eso fue en el Pacífico colombiano. La gente no entiende cómo estos líderes reconocidos son capturados de un momento a otro y trasladados como si fueran realmente delincuentes. Los llevaron al Valle, ahí comenzó todo el proceso de judicialización y al poco tiempo muchos de ellos quedaron libres porque los cargos nos son sustentables”.
“¿Quiénes son esos líderes?”.
“El año pasado se registraron 106 asesinatos contra líderes, de los cuales, al menos el 47% eran liderazgos comprometidos con los procesos de paz. Por eso, podemos decir que muchas personas detenidas estaban participando fuertemente en jalonar el proceso entre el Gobierno y el ELN, y muchas otras, que han sido asesinadas en los territorios, era porque estaban tratando de implementar aspectos de los acuerdos de la Habana, especialmente la sustitución de cultivos de uso ilícito”.
“¿Qué dicen las autoridades de esto? Algunos funcionarios aseguran que no son líderes, que son aliados de la insurgencia”.
“Todos estos montajes han sido de la Fiscalía. Hace varias semanas fue detenido el joven Julián Andrés Gil, secretario técnico del Congreso de los Pueblos, por un hecho que sucedió hace un año y en el que detuvieron a una persona que hoy busca beneficios jurídicos inculpando a este joven filosofo. Él tiene un trabajo de liderazgo social muy importante en la organización, contrario a lo que dice el testigo y está recluido en la cárcel La Picota sin material probatorio suficiente”.
“Es un debate similar al que hoy tiene el movimiento social frente a los asesinatos de líderes sociales, los cuales son relacionados con el narcotráfico”.
“Exacto, o lo asocian al narcotráfico, a los problemas personales, al lío de faldas. Esa es una discusión muy fuerte que tenemos con el Gobierno, porque le solicitamos que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, rectificara las palabras que naturalizan los asesinatos contra el liderazgo social, cuando dijo que la mayoría de estas personas las mataban por líos de faldas”.
“¿Quieren relacionar al movimiento social colombiano con la insurgencia del ELN?”.
“Nosotros creemos que este fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue puesto en ese cargo para evitar que terceros comprometidos en el conflicto con la financiación de la guerra, no fueran pasados a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Es claro que el fiscal se opone rotundamente a que se resuelva el conflicto armado y asocia a todo el movimiento social a la insurgencia y, por eso, se ha dedicado a judicializarlo. El caso más emblemático es el del senador Alberto Castilla, un hombre que viene del campo, líder de base, llegó con mucho sacrificio al Congreso de la República, repite por segunda vez y ahora tiene todo un montaje en la Corte Suprema de Justicia”.
“¿Por qué asegurar que es un montaje?”.
“Es claro que hay una tensión muy fuerte porque este senador es de extracción campesina y su eje programático ha estado en contra de los grandes terratenientes. Además, se ha dedicado a seguir de cerca cómo el fiscal ha sido el abogado de muchos intereses de esos empresarios y terratenientes. Eso incomoda al fiscal Martínez”.
“Finalmente, cual es el mensaje al país. ¿Por qué son tan importantes para la paz los líderes sociales en los territorios?”.
“Los líderes sociales son el alma de los territorios, son el faro de las comunidades, son la fuente de la democracia, son la esperanza y la paz, pero lamentablemente el Estado colombiano no solo no lo ha entendido, por eso no los protege, sino que alguna de sus instituciones más importantes los criminaliza, los estigmatiza y los persigue. Si eso no cambia, no vamos a ver implementados los acuerdos ni veremos cerrar el conflicto armado con el Eln”.