Columna de opinión publicada en Contagio radio.
Por Fernando Quijano
La violencia, la criminalidad, la convivencia, la paz y la seguridad urbana y rural siempre son objeto de debate público en Medellín y, en general, en Antioquia. Más en época de elecciones para gobiernos locales y regionales, cuando se oyen todo tipo de propuestas de los aspirantes a estos cargos de elección popular; promesas populistas que no se cumplirán por ser tan solo banderas electorales que olvidarán los ganadores de los comicios electorales pues es claro que la agenda es otra y está amarrada a los intereses particulares del poder real, quien dirige el poder formal. O sino que lo diga el empresariado paisa que ha gobernado en la sombra desde hace décadas.
Por años he denunciado la compleja situación de violencia y criminalidad que viven Medellín y el Valle del Aburrá. He hablado de forma insistente sobre los pactos entre criminales y las consecuencias lógicas que traen dichos acuerdos, por ejemplo, la supuesta reducción de homicidios, las fronteras invisibles inactivas, la sensación de tranquilidad por el receso en la guerra urbana, entre otros; pero también el desarrollo de la “guerra silenciosa” que se libra en las calles y deja diariamente un rastro macabro de atrocidades: cuerpos con evidencias de asfixia mecánica, envueltos en sábanas o metidos dentro de carros, cuerpos que bajan por el río amarrados y torturados y otros que aparecen descuartizados en cualquier lugar. Eso, en últimas, son los famosos acuerdos entre criminales apuntalados institucionalmente. (Continuar leyendo aquí).