Sin beneficios: 43 años de prisión para presunto homicida en Cali

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CALI, VALLE DEL CAUCA (13 MAR 2024) – En un fallo ejemplarizante, la justicia colombiana ha sentenciado a Yan Carlos Ortiz Valencia a 43 años y 7 meses de cárcel por el asesinato de un hombre, suceso ocurrido el 13 de mayo de 2016 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Este veredicto resalta el compromiso del sistema judicial con la aplicación de la ley y la búsqueda de justicia para las víctimas de delitos violentos.

Gracias a una exhaustiva recopilación de material probatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación, se demostró ante un juez de control de garantías la culpabilidad de Ortiz Valencia en el crimen. El acusado, quien en el momento del homicidio se desplazaba como parrillero en una motocicleta, disparó sin mediar palabra a un hombre que se encontraba en la vía pública del barrio La Sultana, en Cali, causándole la muerte debido a las heridas infligidas.

Además de la severa pena de prisión, el juzgado ha dispuesto que Ortiz Valencia cumpla su condena en un centro penitenciario y ha especificado que no tendrá derecho a ningún tipo de beneficio judicial, considerando la gravedad de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego por los que fue condenado.

Este caso subraya la firmeza de las autoridades colombianas en su lucha contra la violencia y el crimen organizado, enviando un claro mensaje sobre las consecuencias de actuar al margen de la ley. La sentencia no solo procura justicia para la víctima y sus seres queridos sino que también refuerza la seguridad y la convivencia pacífica en la sociedad.

A.U.


La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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