Singapur, 26 de julio de 2022.- Singapur llevó a cabo este martes su sexta ejecución desde marzo, la de un hombre acusado de traficar marihuana, evidenciando el cada vez más agresivo enfoque de la isla contra las drogas, con oenegés advirtiendo que los ahorcamientos no cesarán, pues el corredor de la muerte está saturado.
Se trata de un hombre de 49 años ahorcado -el método empleado por Singapur- al alba por traficar con marihuana tras pasar siete años en prisión, noticia que fue confirmada por la activista Kokila Annamalai en su cuenta de Twitter.
En la ciudad-Estado asiática, regida de forma semiautoritaria por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, las autoridades no suelen informar de las ejecuciones cuando ocurren, y son las oenegés las que acaban enterándose de las mismas al ser contactadas por las familias de los presos.
En este caso, la familia del ejecutado, de quien solo se sabe que era singapurense de etnia malaya y tenía 49 años, «no ha querido hablar públicamente», subraya en un comunicado Kirsten Han, una célebre activista contra la pena de muerte en Singapur, coordinadora de la ONG Transformative Justice Collective (TJC).
CORREDOR DE LA MUERTE SATURADO
Han y sus compañeros llevan meses alertando de que, debido a la saturación del corredor de la muerte -donde se calcula que hay alrededor de sesenta reos- tras la parálisis de las ejecuciones durante los dos primeros años de la pandemia de covid-19, los ahorcamientos se acelerarían este año.
Sus funestos presagios parecen cumplirse y, desde el primer ejecutado en marzo, otros cinco hombres -todos acusados de narcotráfico- han pasado por el patíbulo, entre ellos un preso malasio con discapacidad intelectual, llevado a la horca en abril entre fuertes críticas por parte de la comunidad internacional.
«Las noticias de los ahorcamientos se producen tan rápido que apenas hay tiempo para procesarlas y hacer el duelo correspondiente, pues emerge enseguida otro anuncio», subraya Han, en permanente contacto con las familias de los prisioneros, en el texto enviado a sus suscriptores.
La última ejecución antes de este martes había ocurrido tan solo cuatro días antes, el viernes, cuando un hombre singapurense de 64 años fue ahorcado tras ser sentenciado a la pena capital en 2017 por traficar con 960 gramos de heroína.
La moderna ciudad-Estado asiática, hogar de rascacielos y laboratorio de innovación por antonomasia, tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, contemplando la aplicación de la horca por traficar con más de 15 gramos de heroína, 30 gramos de cocaína, 500 gramos de cannabis y 250 gramos de metanfetamina.
EN DEFENSA DE LA PENA DE MUERTE
Un enfoque que no tiene visos de cambiar, sino todo lo contrario; fuentes diplomáticas que piden reservar su anonimato alertan de la cada vez mayor defensa que Singapur hace de la pena capital para delitos de drogas en los foros internacionales, en línea con los comentarios que el Gobierno ha realizado últimamente a la prensa.
El ministro de Interior de Singapur, K. Shanmugam, defendió durante una entrevista en la BBC el mes pasado la ejecución en abril del preso con discapacidad intelectual condenado por narcotráfico, alegando que la pena capital en la lucha contra las drogas «salva vidas».
Según el político, en la década de 1990 Singapur arrestaba a 6.000 personas al año por delitos relacionados con drogas, mientras la cifra ahora ha caído a la mitad.
No obstante, grupos contrarios a la pena de muerte defienden que no hay ninguna estadística que apoye que la pena capital frena el consumo de narcóticos en Singapur, el cual, según alegan, habría incluso aumentado en la última década.
TAILANDIA RELAJA CONSUMO DE MARIHUANA
Mientras Singapur un preso fue hoy ejecutado por traficar con marihuana, la vecina Tailandia ha empezado a relajar el cultivo y consumo de la misma, sacándola -así como al cáñamo- de la lista de narcóticos y convirtiendo al país en el primero del Sudeste Asiático en despenalizar parcialmente esta droga.
Los delitos por narcotráfico están castigados con la pena de muerte, mediante la horca, el fusilamiento, o por inyección letal, en Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, mientras que Filipinas, Camboya y Birmania (Myanmar) han abolido el castigo capital o no la aplican.
Birmania y Laos eran considerados abolicionistas de hecho de la pena capital, al no haber ejecutado a nadie por ningún delito en décadas, una tendencia ahora quebrada en el primer país, regido por una junta militar tras la asonada del 1 de febrero de 2021, confirmándose el lunes la ejecución de cuatro activistas pro democracia.
Paloma Almoguera
EFE
