Caracas, 29 de agosto de 2022.- María —nombre ficticio que protege una identidad real— está hoy a salvo de su agresor en la única casa de acogida para sobrevivientes de violencia de género en Venezuela. Ella, a diferencia de miles de mujeres, obtuvo un boleto dorado hacia la protección en un país sin refugio para estas víctimas.
Organizaciones humanitarias y activistas por los derechos de las mujeres han advertido sobre la necesidad de contar con centros de acogida para quienes huyen, o están urgidas por hacerlo, de entornos violentos, especialmente desde el comienzo del confinamiento por covid-19, lo que trajo consigo un aumento de los feminicidios.
Con ese panorama, el espacio que acogió a María es una excepción, una en la que la sororidad es común, y donde, además, se brinda asesoría legal, atención médica, terapia psicológica y «acompañamiento amoroso» a siete personas, no solo a mujeres que fueron golpeadas o amenazadas de muerte, sino también a sus hijos.
LA SUPERVIVENCIA
La casa pasa del silencio a la estridencia conforme se muevan los ánimos de las internas, cuyas historias son «una maleta distinta» en cada caso, o así lo describe a Efe Antonieta Bolívar, una de las encargadas del sitio, que lleva dos años al frente del centro, donde ha apoyado a más de un centenar de mujeres.
Una vez ingresa una nueva persona, explica la docente, la organización Tinta Violeta —nombre de la entidad civil que gestiona toda la actividad— pone su experiencia y ganas para identificar las necesidades más apremiantes de la víctima y, así, poder ayudarla en el tiempo de acogida que está estimado en dos semanas por caso, aunque con excepciones de más o menos días.
«Ellas tienen necesidades de tipo legal, psicosocial, de salud, de condiciones físicas (…) y nosotros contamos con especialistas en cada una de estas áreas y especialistas en violencia de género», dice la mujer tras reiterar que la maquinaria se mantiene en movimiento siempre en busca de que las usuarias cumplan sus metas.
Aunque una víctima puede requerir a un abogado en las primeras 24 horas, otra puede estar urgida por un médico o un psicólogo, una variación directamente relacionada con el historial de cada nueva admitida, la mayoría de ellas jóvenes que buscan dejar atrás las ofensas, bofetadas o abusos sexuales a los que estaban sometidas.
Esta atención de casos, prosigue Bolívar, incluye la acogida de los hijos menores de 12 años, pues también ellos han «recibido la violencia» y por ello requieren protección y acompañamiento para «que el episodio quede atrás y puedan continuar con su vida de la (mejor) forma».
«Nos interesa el resguardo de una persona a manos de un posible feminicidio (…) y tratamos de que eso encaje dentro de un procedimiento que haga que al regresar (…) puedan retomar su vida con esas cosas canalizadas y encauzadas», dijo.
MEDIR LA VIOLENCIA
María fue víctima de control financiero, privación ilegítima de libertad y un cúmulo de maltratos que ella resume, señalando la parte más alta del «violentómetro», un medidor de agresiones que usan las organizaciones humanitarias para identificar el nivel de peligro que corren las víctimas de violencia de género.
Lo que empieza como celos puede terminar en feminicidio, según esta herramienta. Y, aunque hay 30 peldaños entre estos dos puntos, María asegura haberlos vivido todos al ser sobreviviente de un intento de homicidio por parte de su expareja, que también la indujo al suicidio.
Hoy ella busca abrirse su propio camino y en ese intento ha contado con el apoyo de la casa y de la ONG, que tiene la mirada puesta en ampliar su capacidad de atención en vista de las crecientes necesidades.
Ese estado de necesidad se ratifica con cada informe mensual de feminicidios de las organizaciones no gubernamentales, según las cuales, durante el primer semestre del año, se registró un promedio de una mujer asesinada por motivos de género cada 39 horas.
Asimismo, la Fiscalía contabilizó en el último quinquenio un millar de feminicidios, algunos de ellos frustrados, como el de María, escenarios que abren la puerta a la revictimización de mujeres que temen a que la impunidad triunfe en sus casos o que no cuentan con mecanismos de apoyo para salir de estas experiencias.
Héctor Pereira
EFE