San Salvador, 5 de enero de 2024.- Un grupo de académicos y abogados de varios países, incluyendo El Salvador, solicitó al fiscal general, Rodolfo Delgado, que «abandone» la acusación penal contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas señalados de perpetrar un asesinato en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Este grupo, entre quienes están Carlos Gómez Gil, de la Universidad de Alicante (España); Julio Gutiérrez, de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.); John Gilbert, de la Universidad de Florencia (Italia); Ignacio Román, de la Universidad Jesuita de Guadalajara (México), y Rafael Paz Narváez, de la Universidad de El Salvador, también pidió al Ministerio Público que «respete los derechos humanos».
El próximo 11 de enero se cumple un año de la aprehensión de los ambientalistas y el inicio del proceso penal en su contra. Desde septiembre del año pasado los señalados se encuentran bajo arresto domiciliar.
Los académicos y abogados expusieron, en una carta dirigida a Delgado y compartida este viernes con EFE, que los cargos por los que están siendo procesados los líderes comunitarios «se basan enteramente en el testimonio de un testigo protegido que posteriormente admitió bajo juramento que no tenía conocimiento de primera mano del presunto crimen».
Los cinco líderes son procesados por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Las personas involucradas en el proceso penal son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
«La creciente evidencia sugiere que este caso contra los activistas antiminería de Santa Marta no es al azar, ni está motivado por la genuina búsqueda de justicia por parte del fiscal general», señalaron.
Apuntaron que «grupos comunitarios en El Salvador creen que el caso fue presentado como parte de una estrategia política más amplia del Gobierno salvadoreño para permitir la entrada de la minería de metales a El Salvador en violación de la ley de 2017».
Los líderes de la comunidad Santa Marta empujaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.
«El caso de los defensores del agua salvadoreños tiene intereses políticos que van más allá de las injusticias personales perpetradas contra los cinco acusados. La amenaza políticamente motivada contra los líderes reabre la amenaza contra el derecho democráticamente consagrado de los salvadoreños al agua limpia y a un país libre de minería de metales tóxicos», agregaron.
Los señalados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas – todos líderes comunitarios y excombatientes -. Además, está acusado Fidel Recinos – que no pertenece a la comunidad Santa Marta.
EFE
