Hasta octubre del año pasado, tres policías de la dirección Antinarcóticos (un oficial y dos suboficiales) eran considerados unos exitosos agentes de la Fuerza Pública en la lucha contra el narcotráfico. En sus hojas de vida reposan condecoraciones y felicitaciones a lo largo de sus carreras de entre 8 y 15 años por golpes a las estructuras de grupos criminales como el ‘clan del Golfo’ y la captura de varios de los jefes de estas redes ilegales.
Hoy, por cuenta de una investigación de la agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía de ese país, los tres uniformados están presos en la cárcel La Picota, en Bogotá, pendientes del trámite de extradición a los Estados Unidos que hoy se adelanta en la Corte Suprema de Justicia. En su contra hay un proceso penal en el Tribunal para el Distrito Sur de la Florida.
A los uniformados, que fueron capturados el 17 de octubre de 2019, la Policía Nacional los destituyó de manera fulminante bajo la figura de retiro discrecional. Paradójicamente, estando presos y destituidos de la Policía fueron condecorados “con la medalla de servicio distinguido clase especial 3” mediante la resolución 04920 del 1°. noviembre del 2019.
Según la solicitud de extradición, los expolicías son requeridos para responder en juicio por dos delitos federales que los señalan de obstrucción a la justicia y tráfico de narcóticos. Puntualmente, se investiga la supuesta pérdida del dinero de un operativo encubierto previsto para el 10 de septiembre del 2019. La cifra, según estableció este diario, es de seis millones de pesos.
El dinero, que se iba a usar en una operación controlada para hacer contacto con una red del narcotráfico, quedó, según los agentes, en la bodega de evidencias de la Policía Antinarcóticos. Pero otra cosa se lee en el expediente.
El diario El Tiempo se comunicó con personas cercanas al proceso, que por seguridad de las familias de los expolicías pidieron mantener la reserva de los nombres de los exagentes, ya que advirtieron que están en riesgo en la cárcel La Picota, en donde se filtró su identidad y profesión, y allí había personas detenidas en operaciones en las que los exuniformados participaron en el pasado.
“Les pusieron precio a sus cabezas”, señalaron las fuentes, por lo que el 28 de febrero interpusieron ante la Procuraduría General “una solicitud urgente de traslado por seguridad especial”, en la que cada uno exponía la situación de riesgo que enfrentaba y la necesidad de ser llevado a los calabozos de la Fiscalía.
Afirman que la solicitud no tuvo respuesta, y el 4 de marzo, en medio de un traslado a los juzgados de Paloquemao, fueron víctimas de un ataque con arma blanca. Uno de los expolicías alcanzó a salir herido. Ese hecho fue denunciado a la Fiscalía.
La petición de EE. UU.
Menos de un mes después de la captura de los agentes antinarcóticos se formalizó la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos en la que se les acusa de dos delitos federales que se resumen en “concierto para intimidar, amenazar y convencer de manera corrupta a otra persona, con la intención de obstruir, demorar e impedir la comunicación a un oficial de las fuerzas del orden de los Estados Unidos (…)”, con el agravante de que, en medio de una operación encubierta, se habrían apoderado de una suma de dinero.
Este diario tuvo acceso a una serie de documentos que indican cómo se venía trabajando el caso de “agente encubierto” para que a través de una fuente humana se pudieran identificar a los integrantes de una red de narcotraficantes que, bajo la modalidad de maletas de doble fondo, enviaban cocaína a Estados Unidos y Europa a través del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.
En documentos en poder de esta diario se establece que el agente encubierto estaba aprobado por la Fiscalía, como lo exige la ley, y en el proceso participaban de manera directa dos agentes de la DEA.
Los agentes, tanto colombianos como norteamericanos, se reunieron para planear la estrategia y darle manejo a la fuente humana, que sería el puente para llegar a las cabezas de la red de narcotraficantes.
Para el 10 de septiembre del 2019 se organizó la entrega de seis millones de pesos y una maleta (vacía), lo que sería la prueba de confianza del agente encubierto a la fuente para hacerle creer a la organización de narcotraficantes que el agente era “corrupto y que podía violar los controles del aeropuerto internacional El Dorado para enviar la droga, en este caso a Holanda”, señala uno de los documentos.
Ese mismo día, supuestamente, la operación se canceló y el agente encubierto se habría dirigido a las instalaciones de la Policía Judicial de la dirección Antinarcóticos, sede conocida como el Dólar, donde habría informado de la situación a sus superiores, quienes iniciaron los protocolos establecidos.
“Se verifica la maleta (vacía) con un canino antinarcóticos para verificar que no fue contaminada y al tiempo la entrega del dinero que se deja a cargo de la bodega de evidencias que funciona en el lugar (sede el Dólar), la cual es manejada por un único funcionario con manejo estricto de las llaves por los elementos que allí se dejan y con los respectivos registros de ingreso y salida de elementos”, se relaciona en uno de los documentos.
De igual forma, se lee en los papeles que el agente encubierto, a través de WhastApp, se comunica con la fiscal que lleva el caso, le informa la situación y le pregunta que si le redacta un informe, a lo que ella responde: “Cuando se termine por completo la operación”.
En otro documento oficial que identifica a la Policía Antinarcóticos con fecha del 18 de septiembre del 2019, se protocolizó un acta de entrega, en la que aparece la firma del asistente del Fiscal II Fiscalía 42 DCN, y de dos suboficiales de la Policía que dan cuenta de “la entrega de una maleta desocupada y un dinero recibido en desarrollo de la actividad de agente encubierto realizada bajo el número de radicado (…)”.
En el documento se relaciona el nombre de dos de los agentes encubiertos, que no se publican por su seguridad, quienes entregaron “una maleta gris oscuro con negro, de rodachines (…) se encuentra vacía, es de anotar que fue indicado por la fuente humana que se encuentra oculto un GPS, el cual al momento de la revisión preventiva no se halló”, se lee en el acta.
En el papel se anexan fotos de la maleta y los billetes y se indica que los elementos entregados corresponden a los recibidos por el agente encubierto “por intermedio de la fuente humana administrada por los agentes DEA el día 10 de septiembre del 2019, en desarrollo de actuación especial de agente encubierto autorizada dentro del radicado de la referencia”.
En el mismo documento se asegura que dichos elementos permanecieron en custodia por parte del agente encubierto en la bodega de evidencias.
Otra es la información que tienen las autoridades norteamericanas, que advirtieron desde el comienzo que los billetes para la operación fueron entregados por los agentes de la DEA, y que iban marcados, situación que desconocían los policías colombianos, lo que se traduce en que el serial de los billetes no es el mismo que entregaron los expolicías antinarcóticos.
La hipótesis es que los expolicías habrían intentado quedarse con el dinero y ante la presión de la investigación decidieron devolverlo. En el expediente están los testimonios de agentes de la DEA y funcionarios colombianos.
En el proceso, que hace trámite en la Corte Suprema, se detalla que la defensa de los exagentes ha pedido una serie de pruebas en el trámite de extradición como tomar declaraciones a los agentes de la DEA y del CTI de la Fiscalía, pero la Corte las ha negado, pues en ese tipo de procesos lo único que verifica el alto tribunal son aspectos como la validez de la documentación que envía el país requiriente, la plena identidad de la persona solicitada y que no haya sido juzgado por los mismos hechos en Colombia.
En ese expediente, la defensa también señaló que la captura fue ilegal, y que los uniformados, que en ese momento eran policías activos, supuestamente habían sido intimidados psicológicamente, constreñidos y presionados, por lo que era “necesario conocer las irregularidades en que se incurrió en tal procedimiento”.
También dijeron que por ello se debía pedir el video donde se registraron las capturas, en las que participaron los agentes de la DEA.
Así las cosas, los documentos que ha recaudado la defensa en medio del proceso tendrían que usarse en el juicio en la Corte de los Estados Unidos, en donde los expolicías tienen abierto un indictment que los podría poner en prisión con penas superiores a los 10 años.
Tomado de El Tiempo
