En el desarrollo de la investigación, el fiscal de conocimiento descubrió que el fraude se extendió a las aseguradoras, puesto que los uniformados incapacitados solicitaron créditos bancarios y luego de obtenida su pensión o asignación por retiro, pidieron la condonación de la deuda por su estado de invalidez, siendo esta aceptada y asumida por las compañías.