La Fiscalía estableció que el atentado se produjo porque el suboficial venía investigando la presunta vinculación de algunos desmovilizados de las autodefensas, con con el grupo ilegal Los Urabeños, en la producción de estupefacientes. Los investigadores determinaron que días antes del ataque los ilegales intentaron sobornar al intendente, y ante su negativa de recibirles dinero, ordenaron su ejecución.
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Areiza Gómez también fue declarado responsable de la extorsión realizada a otro agricultor de la misma zona del municipio de Tarazá, a quien le exigieron 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida; la víctima entregó 10 millones de pesos a los integrantes de la mencionada estructura delincuencial.