Según los secuestrados, los presuntos delincuentes les exigieron la suma de 350 millones de pesos para liberarlos y durante los tres días los amenazaban con cortarles las orejas y los dedos con un cuchillo, si no pagaban. El domingo 3 de febrero, cuando fueron liberados, les dijeron que si no pagaban 100 millones de pesos los iban a picar y los iban a sacar en bolsas de basura.
Categoría: Alias la Chinga
Martínez Valencia tiene medida de aseguramiento en otra investigación por el homicidio del comerciante Jairo Alonso Aristizábal Morales, baleado el 14 de marzo de 2017 en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín. Este crimen fue ordenado por la esposa de la víctima para cobrar un seguro de vida y quedarse con unos inmuebles.
Por los mismos hechos y como autor material del homicidio, ya fue asegurado en centro de reclusión Bayron Estiven Martínez Valencia, alias la Chinga, de 20 años de edad, quien tiene otras investigaciones por actividades de sicariato.
El 10 de abril del presente año Diego Alexander Vargas Ríos, sobrino de la víctima, contrató el servicio de una camioneta con el pretexto de transportar una nevera. Para este trámite Vargas Ríos recogió a alias La Chinga y luego fue por su tío hasta el sector Llanaditas, del barrio Caicedo de Medellín, a quien le había pedido el favor que le ayudara con el acarreo del electrodoméstico.
Los hurtos a la empresa circular Coonatra fueron cometidos el día 1 de septiembre de 2018 sobre el puente de La Minorista en horarios diferentes, uno siendo las 08:15 de la mañana y el otro a las 09:40 de la noche, por parte de dos hombres portando un arma de fuego. En el primer hecho delincuencial le hurtaron $400.000 al conductor del bus y las pertenencias a los pasajeros y en el segundo hurtaron $600.000 al conductor y las pertenencias a los pasajeros.
Los hechos investigados ocurrieron en el centro de la capital antioqueña el 25 de mayo de 2017, cuando dos hombres armados asesinaron a José Orlando Tapias Mazo y una menor de edad identificada con las iniciales JRR. Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación establecieron que las víctimas fueron baleadas por una organización criminal del sector, al parecer por disputas territoriales para el control del microtráfico.