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La Corte concluyó en la referida sentencia que “el ejercicio del derecho a la libre expresión… resultó, a todas luces contrario al alcance constitucional del derecho y, al mismo tiempo, desborda los límites fijados en el ejercicio de los derechos al buen nombre y a la honra, pues, como lo ha indicado esta Corporación, no puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de información”.

Durante los operativos de captura (dos por orden judicial y tres en flagrancia) fueron incautadas una pistola, dos chalecos antibala, una libra de marihuana tipo Cripy y más de 600 mil pesos en efectivo, al parecer producto de la venta de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la estructura criminal exige a los comerciantes sumas de dinero que oscilan entre los 150 y los 400 mil pesos mensuales, para no atentar contra sus vidas o su patrimonio económico.