La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló este martes que el Gobierno es el encargado de redoblar los esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz y de entregar garantías para que en todo el territorio nacional se den las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. La CIDH reiteró su preocupación y agregó un componente más a las causas del incremento de violencia, pues aseguró que los homicidios se están presentando en zonas con factores de riesgo en donde hay una “implementación deficiente” del Acuerdo de Paz. Lo cierto es que, por una razón u otra, los muertos siguen apareciendo en las carreteras, los defensores siguen siendo hostigados y eliminados, y, aunque todas las autoridades lo saben y manifiestan su preocupación, la lista de crímenes sigue creciendo.
Fuentes de ese ministerio dicen que las autoridades judiciales han señalado preliminarmente que las víctimas no son de la zona; además, “evalúan varias hipótesis que hacen pensar que lo ocurrido en Mapiripán estaría relacionado con situaciones distintas a las consignadas en la alerta temprana remitida por la Defensoría”.
Destaca el Nodo “la labor que el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y su equipo del Sistema de Alertas Tempranas – SAT – y sus compromisos para mitigar la grave crisis que viven líderes/as y defensores/as de DDHH en todo el país”. Sin embargo, agrega, “las actuaciones del Defensor Regional del Pueblo han estado rodeadas de múltiples irregularidades”.
Los medios de comunicación fueron exhortados a realizar procesos de sensibilización sobre la importancia de los líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos, y a apoyar campañas como #Lidera la Vida, que ha sido un gran aporte en la sensibilización del país sobre la lucha de esta población.