Con las listas presentadas al Congreso de la República y con Timochenko como candidato presidencial, es evidente que los antiguos comandantes de las FARC están más preocupados por la campaña electoral que se avecina, que en llevar a cabo los acuerdos en los territorios en donde hicieron presencia histórica, y en donde podrán sacar, seguramente, la mayor cantidad de votos.
Señores de la institucionalidad aquí presentes, les dejo esta pregunta: ¿por qué el crimen urbano liberará los territorios urbanos y rurales que durante décadas los han financiado y en el cual basan parte de su poder militar, económico, social y de relaciones institucionales y padrinazgos políticos?
Ese es el gran reto, hombres íntegros dispuestos a sacrificarse por la causa de la Justicia, encaminada a terminar con la exclusión, la diferenciación política, económica, social y cultural, el abuso del poder, la insensibilidad social y tantos otros factores que tienen al mundo sumido en la pobreza, la desigualdad, la violencia, la indiferencia y el analfabetismo, entre otros problemas.
Así, la Corte Penal Internacional se reserva el derecho a intervenir en caso de ser necesario en la reglamentación de la Ley que le da vida a la JEP. Lo más sensato por el momento es que el Gobierno nacional agilice este proceso que está en curso en el Senado de la República y que se ha visto frenado por la falta de quórum.
Sin embargo, hay un tema más preocupante aún: la salvaguarda de la vida y la integridad de todos los habitantes del territorio nacional. Aquí se destaca la situación de los líderes sociales, comunitarios, campesinos y defensores de derechos humanos, cuya protección no ha recibido de parte del Estado la importancia que amerita.