Ese es el gran reto, hombres íntegros dispuestos a sacrificarse por la causa de la Justicia, encaminada a terminar con la exclusión, la diferenciación política, económica, social y cultural, el abuso del poder, la insensibilidad social y tantos otros factores que tienen al mundo sumido en la pobreza, la desigualdad, la violencia, la indiferencia y el analfabetismo, entre otros problemas.
Así, la Corte Penal Internacional se reserva el derecho a intervenir en caso de ser necesario en la reglamentación de la Ley que le da vida a la JEP. Lo más sensato por el momento es que el Gobierno nacional agilice este proceso que está en curso en el Senado de la República y que se ha visto frenado por la falta de quórum.
Sin embargo, hay un tema más preocupante aún: la salvaguarda de la vida y la integridad de todos los habitantes del territorio nacional. Aquí se destaca la situación de los líderes sociales, comunitarios, campesinos y defensores de derechos humanos, cuya protección no ha recibido de parte del Estado la importancia que amerita.
Cansados estamos de la actuación deshonesta de nuestros dirigentes políticos y económicos para que dicho proceder se enquiste ahora en el deporte que mueve multitudes; es necesaria una profunda reflexión al respecto, porque esos no son los modelos de comportamiento que quisiera como ejemplo para nuestros hijos, es hora de rescatar los verdaderos valores que han hecho grande a nuestra nación.
El asesinato de líderes sociales y las constantes amenazas a los excombatientes de las FARC dan muestra de la falta de garantías para la no repetición. Si no se interviene con urgencia este puerto nariñense, la situación que allí se vive se puede replicar en otros municipios. Esto sí que pondría en riesgo la paz de los colombianos.