La Fiscalía estableció que el atentado se produjo porque el suboficial venía investigando la presunta vinculación de algunos desmovilizados de las autodefensas, con con el grupo ilegal Los Urabeños, en la producción de estupefacientes. Los investigadores determinaron que días antes del ataque los ilegales intentaron sobornar al intendente, y ante su negativa de recibirles dinero, ordenaron su ejecución.