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Finalmente, al reiterar que “la seguridad es un valor democrático”, Duque puso de relieve que la misma “solamente triunfa cuando su implementación se hace de la mano con la Constitución y la ley, y con apego total e inequívoco a la defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

Por su parte, la magistrada Rodríguez consideró que la Sección debió haber solicitado otras pruebas "que hubieren permitido establecer la fecha precisa de la comisión de la conducta".

El país puede tener la tranquilidad de que quienes ejercemos la magistratura actuaremos de conformidad con nuestras convicciones, con la firmeza de preservar la institucionalidad y con el compromiso que hemos adquirido ante la sociedad de administrar justicia imparcial, objetiva y transparente.

El pasado 26 de marzo, Antonio Gutérres, secretario General de las Naciones Unidas, en su último informe presentado ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, destacó, para ese momento, que la JEP "ha recibido 57 solicitudes de revisión de la aplicabilidad de la garantía de no extradición por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y antes de que se firmara el Acuerdo de Paz, en 2016. Hasta la fecha ha examinado, y denegado, 40 de ellas".

En la misiva, Giovanny Álvarez Santoyo, firmante y director de esa Unidad, asegura que vinculó como funcionario a Carlos Julián Bermeo porque cumplía con todos los requisitos de ley para el cargo. “Por ejemplo, aparte de ser abogado, el señor Bermeo es especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Adicionalmente acreditó una maestría en Derechos Hurnanos y Cultura de Paz”, argumenta Álvarez Santoyo.