Se estableció que quienes no accedieron al pago de la exigencia económica les fueron sacrificados reses adultas, terneros y ganado porcino, por una cuantía superior a los 20 millones de pesos. Los delincuentes grababan o fotografiaban el sacrificio de los animales y se los enviaban a sus propietarios para que agilizaran el desembolso de la extorsión.