Los firmantes de la misiva –exnegociadores de paz, congresistas, organizaciones sociales, víctimas del conflicto armado, académicos, entre otros-, afirmaron que no es cierto que, como lo dijo Almagro en mayo de este año, el Gobierno de Duque haya “hecho todo” por mantener la paz. “Lamentablemente, la situación es muy distinta de la que usted describe en su declaración”, señalan, acuñando la confusión a las declaraciones que ha hecho Duque durante sus viajes al exterior.
De cara a la Asamblea General de la OEA, diversas organizaciones civiles afirman que será clave exigir que los Estados miembros desarrollen e implementen políticas públicas para abordar de forma integral los delitos cometidos contra defensores, periodistas y líderes sociales.
“El poco esclarecimiento a estos crímenes potencian y habilitan ciclos de violencia, que coartan la capacidad de las personas en defender derechos y la capacidad de los colectivos de articularse y, en últimas, atentan contra los principios más fundamentales del estado de derecho”, resalta la directora del Cejil.
Entre otras disposiciones, el Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades administrativas competentes de la protección y seguridad de las lideresas y líderes campesinos, lideresas y líderes reclamantes de tierras y defensoras y defensores de derechos agrarios, ambientales y territoriales del suelo rural, para que garanticen en debida forma sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad.
El Estado debe apoyarlas y tener así unas organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales fuertes y se tendrían alcaldías y una gobernación con un toque de importancia, de importancia democrática que tanto se necesita.