La Mesa de Concertación del Morro de Moravia advirtió que aunque “no se hace responsable de la venta de lotes para las invasiones que se den en el territorio”, seguirá defendiendo los derechos de las familias vulnerables de este, “ya que la administración con el abandono social pretende que el territorio se invada para tener pretexto del desalojo masivo de las familias”.La Mesa de Concertación del Morro de Moravia advirtió que aunque “no se hace responsable de la venta de lotes para las invasiones que se den en el territorio”, seguirá defendiendo los derechos de las familias vulnerables de este, “ya que la administración con el abandono social pretende que el territorio se invada para tener pretexto del desalojo masivo de las familias”.
Categoría: Defensoría del Pueblo
Aunque el comercio en este lugar se reactivó, las personas aún tienen miedo de salir a la calle, de acuerdo con un líder social de la región. Estas 18 familias desplazadas se suman a otras 500 personas que han tenido que salir de la vereda La Caucana por el peligro que allí se vive.
Estos hechos se evitaron por el desarrollo de operaciones militares, en cumplimiento a las recomendaciones impartidas por la Defensoría del Pueblo mediante las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, 028 y 029 de 2018 y la 02 de 2019, y del Plan Bicentenario Héroes de la Libertad.
“En este momento fuerzas armadas del Gobierno realizan acciones de desalojo en los espacios de liberación de la Madre Tierra en Corinto. El Gobierno reprime a las comunidades que legítimamente ejercen sus derechos. Cumpliéndole la tarea a sus patrones, los empresarios, a través de sus Ejércitos. Cuando no hay un Gobierno para el pueblo, el pueblo es quien gobierna”, remató la Asociación en el escrito.
Se estableció que Furia había sido designado por alias Otoniel como uno de los hombres de confianza para manejar la estructura de la banda criminal en la zona y para liderar el negocio del narcotráfico.
La Asociación Minga rechazó estos hechos “que atentan contra el legítimo derecho a la movilización social, y profundiza la grave crisis de este territorio donde el Estado colombiano no da garantías a sus pobladores para iniciar un efectivo proceso de sustitución de cultivos de usos ilícito”.
Para atender de manera oportuna las necesidades de las comunidades, el mes anterior fue aprobada la Política Pública Integral de Derechos Humanos 2019-2034, que de la mano con el Decreto de Protección a Líderes, son un instrumento guía para la protección de la comunidad en esta subregión.
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Asimismo, exigieron al Gobierno nacional tomar medidas de carácter urgente para garantizar la vida, la integridad personal y el trabajo de los personeros del país, así como el de todos los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, quienes se encuentran expuestos a actos de violencia por su trabajo en favor de la defensa de los derechos de todos.
San José del Palmar, por su ubicación en la cordillera occidental y su condición selvática, es un corredor estratégico para el tráfico de economías ilícitas (actividades de cultivos de uso ilícito y narcotráfico). Según el PNIS, el municipio registra cultivos de hoja de coca en más del 60 % de su extensión geográfica, lo que corresponde a 653 hectáreas.