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Categoría: Ejecuciones extrajudiciales
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Dentro de su gran especial, Semana reveló por primera vez los formularios firmados en enero por los oficiales en los que se comprometían a duplicar los resultados frente a los obtenidos en el año pasado, incluyendo el número de bajas. En ellos se ve cómo los comandantes de divisiones, brigadas y fuerzas de tarea fueron obligados a comprometerse con una cifra exacta para el siguiente año.
La primera versión en la JEP con presencia de las víctimas se da en cumplimiento del Auto 080 de 2019. La persona —la hermana de un joven ejecutado extrajudicialmente— estuvo presente en una sala alterna, desde donde observó en tiempo real la versión del compareciente. La diligencia fue presidida por magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP y en ella participó el representante legal de la víctima. Después de escuchar una primera versión sobre los hechos, la víctima pudo transmitir sus preguntas, a través de su representante.
El plazo para que la JEP concluya sus funciones, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Estatutaria, es de 10 años, contados a partir del 15 de marzo de 2018, fecha en la que esta jurisdicción abrió sus puertas.
Botero fue señalado por sectores de oposición de supuestamente permitir “la violación de los derechos humanos” por las Fuerzas Militares, tener conflictos de intereses por dirigir la cartera de Defensa y aparecer en la junta de una empresa de seguridad privada, y de “mentirle al país” en el caso de la muerte del exmiembro de las Farc Dimar Torres. En el caso del excombatiente, el ministro dijo había fallecido durante un forcejeo con militares, pero después la Fiscalía señaló como responsable a un cabo del Ejército.
En el fondo, esta macabra política es la representación dogmática de las ejecuciones extrajudiciales y la firme intención de darle la espalda a las garantías de no repetición, favorecer la impunidad, hacer completamente trizas los acuerdos, entorpecer la función de las altas cortes y establecer una gobernanza a fin de los sectores económicos y políticos que representa el statu quo.
La decisión se conoce dos días después de que el periodista cuestionara a la revista por no publicar la investigación sobre el posible regreso de las ejecuciones extrajudiciales que hoy tiene en el ojo del huracán al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel. Ayer lunes 27 de mayo, la Procuraduría anunció que se abrió una indagación preliminar contra el alto oficial.
Como medida de satisfacción de los derechos de las víctimas, el informe recomienda que se promueva la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón y restablecimiento de la dignidad y buen nombre de las víctimas, previamente concertados con ellas.