En el municipio del sur de Córdoba donde asesinaron a la lideresa María del Pilar Hurtado, denuncian que los paramilitares ya andan uniformados y con fusiles, que sigue existiendo la parapolítica y que las cifras que se conocen sobre la guerra no son reales, porque nadie se atreve a denunciar.
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Los firmantes de la misiva –exnegociadores de paz, congresistas, organizaciones sociales, víctimas del conflicto armado, académicos, entre otros-, afirmaron que no es cierto que, como lo dijo Almagro en mayo de este año, el Gobierno de Duque haya “hecho todo” por mantener la paz. “Lamentablemente, la situación es muy distinta de la que usted describe en su declaración”, señalan, acuñando la confusión a las declaraciones que ha hecho Duque durante sus viajes al exterior.
“El poco esclarecimiento a estos crímenes potencian y habilitan ciclos de violencia, que coartan la capacidad de las personas en defender derechos y la capacidad de los colectivos de articularse y, en últimas, atentan contra los principios más fundamentales del estado de derecho”, resalta la directora del Cejil.
La disposición del Gobierno generó tensión con los países garantes del proceso, especialmente con Noruega y Cuba, que pidieron respetar los protocolos ante un eventual levantamiento de la mesa de negociación. Mientras tanto, Brasil y Chile acompañaron al presidente Duque en su decisión y pidieron por todo el peso de la ley para los responsables.
Desde el día del atentado en el que resultaron ilesos las amenazas han sido constantes. Nada más un día después del hecho, el 6 de mayo, recibieron una advertencia concreta frente al acto: “lo del sábado es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes…”, dice el mensaje de texto. Y al final sentencia a quienes participaron en la minga del suroccidente que bloqueó durante más de 20 días la vía Panamericana y la alterna que pasa por territorio afro. “…todos aquellos que cerraron la vía humanitaria en la llamada minga les llegó la hora negros hijueputas…”.
La decisión se conoce dos días después de que el periodista cuestionara a la revista por no publicar la investigación sobre el posible regreso de las ejecuciones extrajudiciales que hoy tiene en el ojo del huracán al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel. Ayer lunes 27 de mayo, la Procuraduría anunció que se abrió una indagación preliminar contra el alto oficial.
Según el portal especializado Insight Crime, en 2016, Iván Mordisco auspició la comisión de delitos como la minería ilegal y la extorsión a campesinos, comerciantes y agricultores, y presionó para aumentar la siembra, transformación y tráfico de coca al Guaviare. A su vez, ese mismo año, la Defensoría del Pueblo denunció́ que su grupo criminal reclutó forzosamente a un número indeterminado de niños y jóvenes indígenas en zona rural de Miraflores (Caquetá). En 2017, el comandante disidente ordenó asonadas contra la Fuerza Pública, ataques con aparatos explosivos, secuestros y varios asesinatos de civiles en Guaviare.
Durante una de las cátedras, un profesor de la facultad aseguró que “los precios de los combustibles en Colombia se administran, no se regulan”, una frase que motivó a David Jiménez Mejía y David Bernal Pavas a investigar el funcionamiento del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) desde su creación en 2009.
Además de Márquez, la carta se refiere a más de una decena de excomandantes que hace rato desaparecieron de la escena pública como el Paisa y Romaña. Además, del Zarco Aldinever, Albeiro Córdoba, Enrique Marulanda, Rusbel Ramírez e Iván Marchan. Y es que de hecho, la carta conocida el pasado lunes hace referencia a comandantes del antiguo Estado Mayor Central de las Farc, y comandantes de frentes y columnas, «impactados por la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana».
“Debe quedar claro que la JEP, como Tribunal de Justicia Transicional, actuó en el caso Hernández Solarte como garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad y no ha sido ella la que eventualmente propicie la crisis del proceso de paz”, sentencia el tribunal