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Categoría: Fuerza Pública
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Después de someterse a la JEP, el mayor general (r) Torres Escalante solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta por la jurisdicción ordinaria.
Así lo dio a conocer el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter este domingo 16 de junio en horas de la mañana: “En operativos de Fuerza Pública en Tambo, Cauca, fue neutralizado Navides Chilhueso Noscué, alias ‘Tigre Indio’, cabecilla del frente José María Becerra del Eln, peligroso delincuente con más de 24 años en esta estructura ilegal, y requerido por graves delitos”, escribió el presidente en la red social.
Además, subrayó que “nosotros lanzamos un programa que busca articular toda la Fuerza Pública frente a las amenazas del crimen transnacional, con pelotones especializados en enfrentar la minería criminal o la extracción criminal de minerales y, óigase bien, con la meta de que para agosto del 2022 Colombia esté cumpliendo a cabalidad con el Acuerdo de Minamata, donde seamos un país libre de mercurio”.
Por este crimen, las autoridades locales y de Policía ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los asesinos de los dos uniformados.
En el fondo, esta macabra política es la representación dogmática de las ejecuciones extrajudiciales y la firme intención de darle la espalda a las garantías de no repetición, favorecer la impunidad, hacer completamente trizas los acuerdos, entorpecer la función de las altas cortes y establecer una gobernanza a fin de los sectores económicos y políticos que representa el statu quo.
Para atender de manera oportuna las necesidades de las comunidades, el mes anterior fue aprobada la Política Pública Integral de Derechos Humanos 2019-2034, que de la mano con el Decreto de Protección a Líderes, son un instrumento guía para la protección de la comunidad en esta subregión.
Finalmente, al reiterar que “la seguridad es un valor democrático”, Duque puso de relieve que la misma “solamente triunfa cuando su implementación se hace de la mano con la Constitución y la ley, y con apego total e inequívoco a la defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.