Por su parte, Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, manifestó su preocupación porque en “el caso de Colombia la inteligencia militar se volvió ilegal y es algo que continúa en la impunidad".
Razón por la cual las organizaciones aspiran a que el documento también sirva para hacer un análisis sobre las violaciones a derechos humanos que ha cometido la inteligencia militar, incluso después del cierre de estas estructuras.
Los abatidos harían parte de la Estructura Francisco Mórelo Peñate, responsable de hechos de extorsión y homicidios en el municipio de El Bagre en contra de la comunidad, así como contra empresas dedicadas a la explotación legal de minería y la quema de vehículos del consorcio que realiza trabajos en la vía entre Caucasia, Zaragoza y Remedios.