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Alias Óscar Montero salió de Miravalle, vereda de San Vicente del Caguán, en el Caquetá, argumentando falta de garantías de seguridad física y jurídica. Igual decisión tomó Iván Márquez. Ninguno de los dos se ha presentado a las reuniones que ha realizado el partido Farc.

El senador Roy Barreras (Partido de la U) inició la sesión señalando que “La Comisión de Paz asume una posición oficial sobre la vulneración de los derechos de las victimas frente a los mecanismos de extradición, particularmente por la próxima decisión que va a tomar la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) sobre el caso de la extradición de Santrich”.

La Fiscalía de la CPI también señaló positivamente que la JEP actualmente esté en pleno funcionamiento y reiteró su compromiso de seguir "examinando desarrollos relacionados a su reglamentación, operaciones y actuaciones al punto de que el funcionamiento de la jurisdicción tendrá un impacto crítico respecto del examen de la Fiscalía respecto de la admisibilidad de los casos potenciales que surjan de la situación en Colombia".

Según lo consignado en el Acuerdo Final de Paz, dijo el Fiscal, los bienes que no fueron inventariados por las Farc serán sujetos a la legislación ordinaria y tienen que ser objeto de extinción de dominio.

Según la Sección, ese inciso resulta contrario a los artículos transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 29 de la Constitución Política, pues estos le otorgan potestades más amplias, como la competencia para “[evaluar] la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.