Para la Procuraduría, con su proceder el investigado violó varias normas de la Constitución, la ley y el Código Disciplinario Único, entre las que se destaca una transgresión del principio de moralidad “que debe abrigar la función administrativa, pues es claro que a los servidores públicos les está prohibido ejercer sus funciones en forma contraria a la prevista en la ley.