Asodecas denuncia que las familias vinculadas al proceso se encuentran en un estado de vulnerabilidad debido a que el cumplimiento de los acuerdos no se ha dado.
Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, explicó al respecto: “las plataformas firmantes de este comunicado no sabíamos del nombramiento del general Barrero y somos nosotros los que hemos venido trabajando en un proceso nacional de garantías que empezó en el gobierno anterior. Ese trabajo tiene unos acumulados importantes que este gobierno desconoció”.
En lo que tiene que ver con víctimas de los pueblos étnicos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES- elaboró una línea de tiempo desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que identificó más de 350 líderes y lideresas sociales asesinados. Sólo en 2018 el reporte fue de 53 líderes sociales étnicos asesinados (20 afrodescendientes y 33 indígenas).
José Antonio Navas también hacía parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, y apoyaba la creación de las zonas de Reserva Campesina.
Según las Farc, con estos dos casos asciende a 84 el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre la Farc y el Gobierno Nacional. Para Marcha Patriótica e Indepaz, la cifra es de 92 homicidios, perpetrados en 48 municipios.