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Es cierto que por el momento no hay certeza de la eventual relación que pueda existir entre los desplazamientos masivos registrados en varias veredas del municipio de Puerto Libertador y la actividad minera en la zona. Sin embargo, una fuente de la Defensoría señaló: “En estos proyectos de minería a cielo abierto o grandes explotaciones es muy costosa la reubicación de la población y se afectan los cronogramas de explotación, por lo cual es mucho más fácil entrar a trabajar a un territorio que esté despoblado”. Por lo pronto, es claro que en Córdoba, como en otras zonas del país, el desplazamiento forzado por el conflicto armado no es una tragedia del pasado.

El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, permitió afectar el componente armado y financiero de los grupos armados organizados. En una semana de operaciones fueron capturadas 111 personas, destruida maquinaria pesada avaluada en 10.000 millones de pesos y ocupados bienes que superarían los 2.400 millones de pesos.

Hay una necesidad urgente de suministro de alimentación, medicinas, agua y ropa para la población afectada como también la necesidad de construir un plan de acompañamiento a mediano y largo plazo.

Otro municipio afectado por la disputa entre grupos armados ilegales es Montelíbano, localizado en el extremo suroriental del departamento. Al igual que en San José de Uré, obtener el control de la minería y la producción de coca es el leitmotiv del conflicto.

La cifra fue dada a conocer en medio de una marcha de protesta que realizaron los campesinos de esa región del país. Los labriegos agremiados en Ascsucor caminaron este lunes 4 de marzo por la Troncal de occidente entre La Apartada y Montelíbano, para exigir al Estado que cumpla con los compromisos adquiridos con el acuerdo de paz.