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La Ministra Cabello recordó que quienes intentan manipular los resultados electorales buscan conseguir control territorial y del presupuesto, así como obtener el manejo ilícito de los recursos de la Nación y del empleo público. “El delito electoral va encaminado hacia otros actos criminales”, señaló.

El accidente afortunadamente no pasó a mayores, pero los funcionarios pasaron un gran susto cuando el vehículo casi cae a un barranco.

El Procurador General resaltó los cumplimientos a los acuerdos que se han dado en las mesas por la vida de Santander de Quilichao, Apartadó, Carmen de Bolívar y Soacha, y enfatizó en la importancia de defender los derechos de los líderes sociales y “trabajar por la consolidación de un país que respire paz en sus territorios”.

Para la Minga, esa orden es una señal inequívoca de que las comunidades indígenas y campesinas que exigen sus derechos y piden que se cumplan los acuerdos están en grave riesgo. “Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la posible violación en el marco internacional de los derechos humanos en contra de los puntos de concentración de la minga del suroccidente colombiano”, puntualiza un comunicado difundido por la Minga luego de conocida la orden presidencial.

Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, dijo que deben de existir verdaderas garantías para continuar con la minga al recordar que desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz, han sido asesinados 117 líderes indígenas, 61 de los cuales se registraron, luego de que asumiera en 2018 la Presidencia de la Republica, Iván Duque Márquez.