Hasta el momento, los diálogos entre el Gobierno y los líderes indígenas han sido infructuosas, pues mientras el presidente Iván Duque pide que se levante las vías de hecho, las etnias solicitan su presencia en la mesa de diálogos.
“Nos preocupa el comportamiento del Esmad y de la Policía Nacional, quiénes han permitido que vándalos ataquen las instalaciones de la AIC y del CRIC, arrojándole rocas e hiriendo a varios compañeros, debido a esta situación”, lamentó la Organización.
“Nos mantendremos en pie de lucha y en defensa de nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la voluntad de seguir construyendo la paz, promoveremos acciones para mantener viva la llama de resistencia para fortalecer nuestra organización, y en alerta para fortalecer la Minga nacional por la vida”, resaltaron los nuevos mingueros.
Por tal razón, exigen al Gobierno Nacional que cumpla con la obligación de proteger y garantizar el derecho a la protesta social, y en específico, a la Fuerza Pública a respetar los estándares internacionales en materia de utilización de la fuerza en el marco de una protesta social.
Para la Minga, esa orden es una señal inequívoca de que las comunidades indígenas y campesinas que exigen sus derechos y piden que se cumplan los acuerdos están en grave riesgo. “Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la posible violación en el marco internacional de los derechos humanos en contra de los puntos de concentración de la minga del suroccidente colombiano”, puntualiza un comunicado difundido por la Minga luego de conocida la orden presidencial.