El exgobernador Alejandro Lyons reconoció haber recibido un pago por valor de $1.900 millones de pesos del representante de las entidades cooperantes, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, a través de Sami Spath Storino.
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Dentro de la investigación disciplinaria se decretó, además, la práctica de diferentes pruebas entre ellas, la de recibirle declaración juramentada al concejal para que amplíe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los hechos el día 28 de noviembre.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas y solicitó a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá el envío del expediente original de la investigación sobre los mismos hechos al despacho de la Procuraduría Provincial, y a la Fiscalía General de la Nación informar si cursa investigación penal en contra de miembros de la fuerza pública por los mencionados hechos.
El ente de control calificó la conducta de Botero Gómez como falta grave a título de dolo, por vulnerar el derecho a la honra y buen nombre de un colega, afectar su ámbito laboral y desconocer los principios de moralidad e imparcialidad, que rigen la función administrativa con sus afirmaciones y cuestionamientos.
El 31 de agosto 2011 la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo que condenó a Santofimio Botero como coautor responsable de un concurso de tres homicidios con fines terroristas del líder del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento, el detective Santiago Cuervo Jiménez y el concejal Julio César Peñalosa Sánchez.
Según la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, mientras en el 2016 se registraron 61 homicidios de líderes, en el 2017 esta cifra subió a 84 y en lo corrido del 2018 va en 68. No obstante, dijo que desde el 7 de agosto hasta la fecha se han contado ocho casos.
La Consejería de Gobierno Mayor de la OIA, mediante comunicado, rechazó las amenazas de muerte en contra del Consejero, pues estas “buscan intimidar y coartar su accionar político en el departamento, en favor de las más de 200 comunidades indígenas”.
La Procuraduría Provincial de Apartadó al parecer encontró que Santacruz Santos utilizó su investidura para ingresar a la fuerza al despacho del alcalde municipal, y al parecer agredió al guarda de seguridad causándole una lesión en el rostro que debió ser atendida en el hospital.
El Ministerio Público dentro de la decisión ordenó compulsar copias del fallo a la Coordinación de Procuradores Judiciales Administrativos de Medellín, para que dentro de su competencia presente solicitud para la nulidad del nombramiento de Restrepo Gutiérrez en el mencionado cargo.
Los hoy detenidos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir.