El Ministerio Público investiga una denuncia según la cual el mandatario no habría adelantado acciones ante la supuesta inasistencia a laborar del jefe de Control Interno Disciplinario y del subsecretario de Contratación y Defensa Jurídica de la alcaldía, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, y quienes al parecer sí hicieron el cobro de sus salarios en este tiempo.
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En este escenario, el Gobierno Nacional será el representante legal de los derechos del río, en conjunto con las comunidades locales y personas que asistieron a la audiencia de vigilancia del proyecto Hidroeléctrico Ituango del 27 de febrero de 2019 en la Universidad de Antioquia.
El Procurador General resaltó los cumplimientos a los acuerdos que se han dado en las mesas por la vida de Santander de Quilichao, Apartadó, Carmen de Bolívar y Soacha, y enfatizó en la importancia de defender los derechos de los líderes sociales y “trabajar por la consolidación de un país que respire paz en sus territorios”.
Entre otras disposiciones, el Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades administrativas competentes de la protección y seguridad de las lideresas y líderes campesinos, lideresas y líderes reclamantes de tierras y defensoras y defensores de derechos agrarios, ambientales y territoriales del suelo rural, para que garanticen en debida forma sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad.
Al finalizar su visita oficial a Argentina, el Jefe de Estado dijo que “la verdad, respetando además a las instituciones, también espero que, dado que la Procuraduría está pidiendo que se capture, por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues también que -con la evidencia que existe- la propia Procuraduría suspenda del ejercicio de ese cargo a esa persona”.
El exguerrillero no había podido asumir su escaño como representante a la Cámara debido a su detención y pedido en extradición por parte de Estados Unidos, en medio de una investigación por su supuesta relación con el narcotráfico después de firmado el acuerdo de paz.
Por tal razón, la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el marco de sus competencias, mediante el Auto SRT-AE-030 de 2019, resolvió aplicar la garantía de no extradición prevista en el artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, a favor del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte.
El órgano de control busca determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times, sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados ‘falsos positivos’.
El Ministerio Público ordenó la compulsa de copias del presente fallo a la Fiscalía 25 Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia, en la cual es investigado por los mismos hechos.
La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá demostró que García Restrepo agredió de manera verbal al Comandante de Policía y a otros uniformados, el 16 de julio de 2017, conducta registrada en videos donde se observa que el exalcalde en estado de embriaguez amenazó a varios uniformados.