El informe fue emitido por primera vez el 30 de diciembre de 2013, por lo que este segundo periodo de análisis va de enero de 2014 a abril de 2017. El mismo incorpora una serie de recomendaciones dirigidas a los estados –tanto de naturaleza legislativa y administrativa como judicial– con el fin de que el uso de la prisión preventiva como medida cautelar penal resulte compatible con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.