El alto tribunal reconoce que el fenómeno de la minería ilegal está asociado a otros problemas estructurales del país como la desigualdad, la falta de educación, la explotación sexual, la pobreza y el conflicto armado. Reconoce que esta práctica es común para la financiación de los grupos armados al margen de la ley y, por ello, lo difícil que es erradicarla.