Para el Ministerio Público resulta prioritario que la JEP defina no solo cuál es el camino de la pérdida de la libertad de Velásquez Saldarriaga y a quién corresponde expedir las órdenes de captura para su comparecencia, sino también el procedimiento para el cumplimiento de las sanciones propias que le impuso esa jurisdicción especial, ante su renuencia a ofrecer verdad y reparar a las víctimas.