Este proceso constitucional se acordó en noviembre entre casi todas las fuerzas políticas del Parlamento chileno -a excepción del Partido Comunista- después de que la ciudadanía clamara en las calles de todo el país por una nueva Carta Magna desde el inicio del estallido social el pasado 18 de octubre.
Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis, la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), parece lejos de solucionarse, pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al acuerdo parlamentario para convocar un plebiscito sobre una nueva constitución.