Es cierto que por el momento no hay certeza de la eventual relación que pueda existir entre los desplazamientos masivos registrados en varias veredas del municipio de Puerto Libertador y la actividad minera en la zona. Sin embargo, una fuente de la Defensoría señaló: “En estos proyectos de minería a cielo abierto o grandes explotaciones es muy costosa la reubicación de la población y se afectan los cronogramas de explotación, por lo cual es mucho más fácil entrar a trabajar a un territorio que esté despoblado”. Por lo pronto, es claro que en Córdoba, como en otras zonas del país, el desplazamiento forzado por el conflicto armado no es una tragedia del pasado.
El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, permitió afectar el componente armado y financiero de los grupos armados organizados. En una semana de operaciones fueron capturadas 111 personas, destruida maquinaria pesada avaluada en 10.000 millones de pesos y ocupados bienes que superarían los 2.400 millones de pesos.
De las 67 personas detenidas, entre quienes se encuentran exfuncionarios de la Personería de Nechí, tres policías activos del grupo Goes, el alcalde electo de El Bagre (Ángel Mesa Castro) e integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC o Clan del Golfo, 30 fueron capturadas en situación de flagrancia y 37 por orden judicial.
Orlando Negrete era el presidente de la Junta de Acción Comunal del Camu Las Delicias, perteneciente a ese mismo reasentamiento del municipio de Tierralta, sur de Córdoba.