Los hoy detenidos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir.
Estos pagos se realizan con recursos de los bienes entregados por los desmovilizados de las autodefensas que son administrados por el Fondo de Reparación a las Víctimas y dineros aportados por el propio Gobierno.