Gremio de taxistas condena el brutal asesinato de su compañero
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. (6 MAR 2025) – Un trágico hecho de violencia sacudió al gremio de taxistas en Cali luego del asesinato de Carlos Arbey Arana Muñoz, de 64 años. El conductor fue atacado con un arma cortopunzante y decapitado mientras trabajaba en su vehículo en el sector de San Luis, comuna 6 de la ciudad.
Recompensa para capturar a los responsables
De acuerdo con la información de Q’hubo Bogotá. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó el crimen y anunció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables. “Trabajamos con la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad para esclarecer este homicidio y llevar a los culpables ante la justicia”, expresó Eder.
Preocupación en el gremio de taxistas
Johnny Rangel, líder del gremio, lamentó el asesinato y pidió a las autoridades reforzar la seguridad. “Hemos solicitado reactivar el plan recompensa de hasta 10 millones de pesos y retomar los protocolos de seguridad vigentes por más de 20 años para reducir la violencia contra los taxistas”, indicó.
Los conductores alertaron sobre la posible reaparición de una banda delictiva en la zona, pues varios taxistas han sido víctimas de robos y ataques con armas blancas recientemente.
Investigación en curso
El gremio solicitó apoyo del comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Carlos Germán Oviedo, para que la Sijín y la Sipol refuercen las investigaciones. Se espera que la recompensa ofrecida ayude a obtener información clave que permita capturar a los responsables del crimen.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.