En la época de los noventa se presentó el ingreso del paramilitarismo a Medellín y el resto del Valle de Aburrá, primero lo hicieron participando activamente en los llamados Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar); posteriormente, ya como triunfadores en la guerra contra un sector del Cartel de Medellín, analizaron con los aliados legales del poder formal (institucionalidad) y el poder real (políticos, empresarios, comerciantes, entre otros) la necesidad de establecer bases urbanas paramilitares que tuvieran como embrión a las bandas que ya tenían vastos territorios bajo control.
Se buscaba que las nuevas bases sirvieran como muros de contención que frenaran el avance de las milicias urbanas independientes y las adscritas a las guerrillas, e igualmente desmantelaran el movimiento social que en esa época desarrollaba luchas populares muy importantes, una de ellas, la de servicios públicos.
A finales del año 97, ya existía fuerte presencia paramilitar a través del Bloque Metro (BM), liderado por Rodrigo Doble Cero, que se estaba fortaleciendo con el crimen urbano. Se calcula que llegaron unos trescientos miembros que se aliaron con la banda La Terraza, que en esa época contaba con no menos de 1000 asociados y era la encargada de regular violencia y el crimen en la ciudad metropolitana.
Sin embargo, no todo es luna de miel en la vida y menos en el crimen. Los nuevos mejores amigos, pocos años después, concretamente en el segundo semestre del año 2000, desataron una guerra urbana entre ellos por el control del Valle de Aburrá. La guerra fue cruenta, muertos de lado y lado. También cayeron en el fuego cruzado muchas personas inocentes. Esa guerra término siendo una carnicería, pero lo más inquietante y grave fue la participación institucional que no solo brindo protección oficial al BM, sino que también participó en operaciones paramilitares.
La Terraza, finalmente, fue diezmada, controlada y sometida al paramilitarismo con el apoyo de sectores del DAS regional, la Policía y el CTI. Ese fue el tiempo de las omisiones ante las denuncias que incluso estaban realizando jefes de la mencionada banda donde amenazaban con evidenciar el contubernio paraestatal que asesinó a importantes personalidades como Jaime Garzón, Mario Alvarado y Elsa Calderón, investigadores del Cinep y los abogados defensores de los derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo y Jóse Eduardo Umaña Mendoza, entre otros.
Antes de la mencionada guerra, ya se estaba organizando la punta de lanza de la embestida paramilitar que buscaría poner fin a la presencia de la insurgencia y desarticular el movimiento social. Todo estaba organizándose entre miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) regional Antioquia, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y su Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), para brindar el apoyo total e irrestricto a la embestida paramilitar. Eso fue bastante notorio durante cinco o seis años.
El proyecto urbano paramilitar de expansión y consolidación tuvo un momento de retraso por la guerra que se desató con La Terraza, finalizada esta, recobró todo el brío para embestir los bastiones de las guerrillas y las milicias urbanas que quedaban, ya que varias habían dejado las armas, otras se habían transformado y unas más desaparecieron.
En 2001 ya se estaban llevando a cabo operaciones conjuntas entre paramilitares, bandas paramilitarizadas y agentes del Estado. Pareciera que se estuvieran calentando los motores para las futuras operaciones militares como la Operación Conjunta Mariscal y posteriormente la Operación Orión que desataría el Proyecto Orión (sembrar de paramilitares a Medellín y el Valle de Aburrá). Entre esas operaciones hay una que sobresale y sigue en total impunidad.
La operación fue realizada por varios miembros del DAS, la Policía, el CTI y la banda paramilitar de Los Pesebreros, que trabajaban para un sector de la inteligencia militar de la IV Brigada del Ejército y el DAS Antioquia. Esa operación culminó con la desaparición de una persona que fue secuestrada en una camioneta blindada adscrita a la protección de personas amenazadas. Luego se desató la persecución, la tortura y el constreñimiento a la familia del desaparecido, a lo que se sumó la extraña posición que asumió al parecer el entonces director del DAS Antioquia, Emiro Rojas Granados, hoy investigado por múltiples delitos.
Todo comenzó por la búsqueda de un millón de dólares que supuestamente la víctima tenía. Se encontraba en el Centro Comercial Mediterráneo cuando lo secuestraron en la mencionada camioneta, acompañada por otros vehículos oficiales que estaban en comodato del DAS Antioquia.
Según miembros de la familia amenazada, después de haber interpuesto las denuncias respectivas por la desaparición, recibieron una llamada del flamante director del DAS Antioquia, quien presuntamente los amenazó de muerte. “Cuando denunciamos lo ocurrido a mi hermano, el señor EMIRO ROJAS GRANADOS, quien para ese entonces ejercía como director del DAS Medellín, nos llamó a nuestra casa y nos dijo que teníamos que dejar las cosas quietas, que no fuéramos a involucrar a ningún funcionario del DAS que porque él personalmente nos sacaba de nuestra casa”.
Han pasado quince años de persecución y amenazas de muerte para la familia del desaparecido. Hasta ahora nada se ha avanzado en la aclaración de los hechos que condujeron a la desaparición del familiar y en los procesos penales por las posteriores amenzas, en cambio hace pocas semanas les fue retirado el esquema colectivo de seguridad ya que, según afirman los analistas de riesgo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ellos no corren ningún peligro. Lamentablemente, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), confirmó la retirada del esquema de seguridad. Lo hicieron sin tener en cuenta el contexto que rodea este caso. ¿Quién responde por una familia que podría ser asesinada próximamente? Sin duda, deberán responder quienes tomaron la decisión de despojar de las mínimas medidas de seguridad a una familia que reclama justicia y verdad.
Los criminales que están involucrados hasta el cuello en esa desaparición forzada creen que podrán llevar al silencio a las víctimas, olvidan que eso no va ocurrir por una sola razón, ya existen nuevas pruebas que demuestran el contubernio paraestatal que llevó a la desaparición de esta persona y que puede llevar a la muerte a una familia completa.
Análisis Urbano ya adelantó una completa investigación que dará cuenta de lo que ha sido el viacrucis de esta familia que no solo tuvo que pasar por la desaparición de su ser querido sino que ha tenido que ver cómo miembros de la institucionalidad están aliados con criminales consagrados y juntos se han dedicado a que el proceso no avance.
Le solicitamos públicamente a Diego Fernando Mora, director de la UNP, que se aparte de la decisión tomada por el CERREM y restablezca la seguridad a la familia amenazada. Que tenga plena seguridad de que el riesgo es enorme y podrían ser asesinados. Debería revisar bien el caso y tomar una decisión sabia, no olvidar que hace años una mujer dijo públicamente: “Me van a matar”, y poco tiempo después la asesinaron. Lo mismo ocurrió con Alexander Pulgarín, Judith Adriana Vergara y tantos otros.
¿Sabe usted señor director de la UNP, cuántos testigos y amenazados han sido asesinados en el Medellín metropolitano? Muchos. El último caso ocurrió el 23 de julio de 2016, cuando una mujer fue asesinada por estar colaborando con la justicia. ¿Cuántas más víctimas espera el Estado para empezar actuar?
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