Las calles aledañas al parque principal de Tierralta solían estar atiborradas de gente. Por algunas ni siquiera se podía transitar. Ahora los negocios, el parque y las calles están solas y, especialmente, la comunidad está sola. Se ven, eso sí, algunos hombres en moto dando vueltas y vueltas. Cuando un fotógrafo de El Espectador empezó a obturar su cámara al frente de la Alcaldía, dos personas con los rostros tapados estuvieron ahí. Cuando el equipo periodístico se trasladó a la casa donde vivía María del Pilar Hurtado, la lideresa que fue asesinada frente a uno de sus hijos el pasado 21 de junio, ahí estuvieron nuevamente los hombres. En Tierralta todos saben quiénes son, porque pasan negocio a negocio cobrando extorsiones, porque rondan las calles y porque asesinan a plena luz del día. Pero nadie denuncia, porque ya han comprobado que lo único que puede pasar si lo hacen es que a ellos también los maten.

“Los paramilitares siempre han estado y nunca se han ido de ningún municipio del sur de Córdoba”, “Aquí siguen mandando los paramilitares”, son algunas de las frases que salieron de conversaciones con varios líderes y lideresas sociales en ese municipio del sur de Córdoba.

Se refieren a que cada cosa que se haga o se quiera hacer, primero debe ser consultada con el único grupo armado ilegal del que se tiene conocimiento en Tierralta: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). A ellos mismos se les paga y se les ponen quejas. Es decir, son la autoridad.

Del Bajo Cauca al Sur de Córdoba
En el segundo semestre de 2018 varios líderes del sur de Córdoba empezaron a alertarse por la guerra que ocurría en el Bajo Cauca antioqueño. Un líder campesino de San José de Uré cuenta que en la Mesa Territorial de Garantías para Líderes y Defensores se hizo la denuncia “En esa mesa yo lo dije: tenemos un conflicto en el Bajo Cauca que está que entra al sur de Córdoba. San José de Uré está en riesgo de eso. Al poco tiempo sacó la Defensoría una alerta temprana. Pasó eso así y nadie le paró bolas”.

Se refiere a la alerta temprana 083 que se emitió el 25 de noviembre de 2018, que abarca los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador. Ahí se exponía cómo se estaba configurando el escenario de riesgo por la presencia en Tierralta de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y en Montelíbano y Puerto Libertador también de Los Caparrapos (que también se hacen llamar Bloque Virgilio Peralta Arenas) y disidencias de las Farc (Nuevo Frente 18 Román Ruiz). Nadie hizo nada. De hecho, esa alerta sigue vigente, el riesgo continúa siendo el mismo y todavía no pasó nada. En Tierralta los líderes dicen que, si no hubiera sido por el desgarrador video en el que el hijo de María del Pilar Hurtado llora y grita al lado del cuerpo de su madre, todo hubiera seguido igual: en silencio. Y aunque aún nada ha cambiado, al menos ya hay una alerta nacional.

La Comisión de Paz del Senado se trasladó al municipio para tener una reunión con líderes y escuchar de su propia voz qué era lo que pasaba. Fue una reunión tensa, pues los defensores de derechos humanos no querían que estuvieran presentes las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y Ruby Chagüi. Debieron salirse y, afuera, había un grupo de alrededor de 30 personas gritando para que abrieran la reunión o sacaran a los líderes, en una especie de mitin. En la reunión estuvieron varios líderes y lideresas con los que conversó Colombia2020. Dicen que gran parte de esas personas eran funcionarios del municipio y que no entienden cómo es posible que las personas que gritaban afuera se opusieran a lo que los líderes pedían: esclarecer los hechos que rodearon el asesinato de María del Pilar Hurtado y la situación general de amenazas e inseguridad que sufren cada día. Conocimos varias de las denuncias que hicieron los líderes y que configuran un panorama alarmante.

¿Cuál es el interés?
Nadie recuerda un momento en los últimos 30 años en el que el territorio haya estado libre de actores armados. Tierralta está ubicado al sur de Córdoba y limita con Montería, la capital del departamento, con los municipios de Planeta Rica, Montelíbano y Valencia. Además, está al lado del Urabá Antioqueño, junto a los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y muy cerca de Turbo.

En su territorio, siendo el municipio más extenso de Córdoba, alberga parte del Nudo de Paramillo y del Parque Nacional Natural Paramillo. Hay también resguardos indígenas embera katío y zenú y un consejo comunitario legalmente constituido que tiene 25 hectáreas de tierra. Tierralta es, a todas luces, un sitio estratégico. “Quien controla ese corredor, controla la guerra”, dice un líder. Se refiere a que por esa zona se pueden mover armas, droga y personas, sin ser vistas por las autoridades, comunicando Antioquia con los ríos de Córdoba: el Sinú desemboca en el mar Caribe y el San Jorge en el río Magdalena.

Y eso lo han aprovechado los actores armados desde hace muchos años. De hecho, esta fue una zona ampliamente ocupada por la guerrilla de las Farc, específicamente por los frentes 5, 18 y 58 del bloque noroccidental, controlando sur de Córdoba y Urabá antioqueño.

Ya en los años 80 entró el paramilitarismo, en cabeza de Fidel Castaño, a cometer masacres y a desplazar a la población. De hecho, las primeras masacres paramilitares de las que se tienen registro sucedieron en esta zona en 1988: Mejor Esquina (Buenavista), El Tomate (Canalete) y la batalla de Saiza, que es un corregimiento de Tierralta. El paramilitarismo se tomó tanto esta zona que fue ahí, en zona rural de Tierralta, donde se firmó el Pacto de Ralito, ese acuerdo entre políticos y Autodefensas Unidas de Colombia en el que querían “refundar el país”, y fue en el mismo Santa Fe de Ralito donde se acordó la desmovilización de este grupo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En Tierralta confluyeron todos los actores armados, se instauró la parapolítica y se desplazó a miles de personas. Después de la desmovilización de las Auc, este territorio quedó lleno de diferentes grupos armados: Los Rastrojos, Los Paisas, Águilas negras y otros. Porque el problema es de tierras, se trata de quién controla este corredor estratégico para la guerra. De hecho, según cifras de la Procuraduría, entre junio de 2011 y abril de 2018, en Córdoba asesinaron a 7 reclamantes de tierras.

Hoy no hay una disputa. “Solo hay evidencia de las AGC en el territorio. Ellos son los que están dominando la zona. Las acciones armadas y contra los líderes se presume que son cometidas por ellos”, dice la defensora regional de Córdoba Ana Carolina Sánchez. Están amenazando y asesinando a líderes (las autoridades dan una cifra de 12, pero las organizaciones dicen que puede ser mucho mayor), imponiendo castigos y tomando una fuerza tal que ya se han atrevido a uniformarse.

Ejércitos uniformados
Al salir de la reunión con los líderes, ya en Montería, el senador Iván Cepeda dijo: “Nos hablaron de un grupo de 60 hombres vestidos de camuflado que se dicen pertenecer al Clan del Golfo en Saiza. Nos dicen que están temiendo por la vida. Nosotros nos vamos preocupados por las personas que están acá”.

De hecho, a principios de este año se conoció que un grupo de hombres uniformados y con fusiles se pasearon por las calles de San José de Uré, intimidando a la población. Una lideresa que se mueve en los corregimientos de Tierralta lo confirma. “Inicialmente están de civiles y uno los identifica porque la mayoría ejerce la función de poste y ya en Crucito, Gallo, Nudo de Paramillo ya son actores armados con uniformes”.

La gente se pregunta dónde está la Fuerza Pública, porque hace algunos días se anunció la llegada de 300 policías para reforzar la seguridad del municipio. Sin embargo, los líderes denuncian que esto no funciona. Incluso, una lideresa explicó que en algunas ocasiones han llamado a la Policía para que resuelvan problemas en algunas veredas y la respuesta que se han encontrado ha sido que no pueden entrar hasta allá porque hay actores ilegales.

Además, los líderes denuncian que, a pesar de que se desmovilizaron las Auc, la estructura parapolítica quedó intacta, acomodándose a los actores existentes en los territorios. “Después de la desmovilización de las AUC quedó su política incrustada en las Alcaldías, pero siguieron controlando. Siempre tuvieron la contraparte, que eran las Farc. Ahora es cuando están controlando zona rural, porque ellos siempre han tenido los municipios”, denuncia un líder.

Sobre esto también se refirió el senador Antonio Sanguino, “Estamos presenciando una nueva versión de la parapolítica, que es la mezcla de mercados ilegales, estructuras criminales y actores políticos. Y eso pone en enorme riesgo al tejido social y al liderazgo social y comunitario”.

Violencia sexual
Antes de ingresar al territorio, tuvimos conocimiento de un audio en el que un hombre, que se identificaba como miembros de las AGC, decía con palabras soeces que cualquier niña que estuviera en la calle en la noche sería violada y asesinada por ellos. Nadie sabe si realmente son ellos o si van a cumplir las amenazas, pero nadie se confía. Y, por lo tanto, las niñas y jóvenes están aterradas y confinadas.

Una defensora de los derechos de las mujeres explicó que el panorama igual supera todo lo que el presunto actor armado decía en ese audio. “Las mujeres no tenemos la libertad para transitar en los territorios, corregimientos y veredas. Tenemos que pedirles permiso a los grupos ilegales para podernos movilizar. A las mujeres las minimizan y no la dejan participar porque en sus hogares también tienen alguien relacionado que ejerce una acción coercitiva contra ellas. Además, están siendo carne de cañón. Debido a la persecución que están haciendo contra ellos, las mujeres son las que se están prestando para cobrar vacunas, recibir extorsiones, ir a la cárcel a introducir drogas, pasar armamentos, llevar información, hacer posters”. Es decir, se están presentando violencias sexuales asociadas a la utilización de las mujeres en la guerra.

Esto va desde los enamoramientos con el propósito de utilizarlas para sus negocios hasta las violaciones sexuales. “Tenemos conocimiento de que hay niñas a las que han asesinado en Canalete, donde asesinaron tres mujeres, que eran lleva y trae. Se enamoran de soldados, policías para sacar información y luego terminan en el medio. Tampoco se pueden vestir como ellas quieren”.

También han conocido casos de desnudez forzada. “Tenemos el caso en El Cocuelo (Valencia) en el que una niña le fue infiel a su pareja y el castigo que le pusieron fue que la colocaron desnuda en el pueblo a barrer la calle. o sea que ejercen funciones de «gobierno»”.

Sin embargo, estos casos no están en conocimiento de las autoridades por varias razones. Primero, les da terror denunciar, pues pueden ser asesinadas y saben que la justicia no actuará. Segundo, cuando lo hacen son revictimizadas. Tercero, los exámenes médico-legales se tienen que ir a hacer en Montería, pero hay limitaciones económicas.

Las amenazas continúan
Los líderes que fueron consultados para este artículo están, todos, amenazados. Y no ven cómo esto se pueda detener. Al final de la reunión que tuvieron con la Comisión de Paz, la senadora Ruby Chagüi dijo que desde el gobierno se condenaban todos estos asesinatos, y que entregarían la información a las autoridades. El senador Antonio Sanguino, por su parte, dijo lo que todos los líderes piden. «Aquí no solo importa saber quién está disparando, sino quién ordena matar y disparar».

Tomado de El Espectador Colombia2020