Hasta hace una semana pocos en el país sabían quién era María Fernanda Aristizábal Urrea. Nacida hace 22 años en Armenia fue coronada el pasado lunes como reina de Colombia y ya con su corona ceñida en su cabeza declaró: “Quiero decirle al Presidente que todos marchamos” y, en consecuencia, “lo invito a que apoye y escuche por qué estamos marchando”.
La soberana se convirtió en tendencia en las redes sociales alternando con el cantante Carlos Vives, quien escribió: “Las marchas son expresión de una sociedad que se une para protegerse y enviar un mensaje a sus gobernantes”.
Hasta hace un tiempo los paros, movilizaciones y marchas de protesta tenían un radio de conversación que excepcionalmente salía de los protagonistas en conflicto: sindicatos, empresarios y Gobierno. ¿En qué momento el paro nacional convocado para este jueves 21 pasó a ser el tema central de discusión de todo el país? ¿Por qué al debate entraron hasta figuras del espectáculo y del entretenimiento?
Dos puntos explican esta situación: el miedo al contagio y la polarización política que tuvo su génesis durante la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado con la guerrilla de las Farc.
De la noche a la mañana, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia entraron en fuertes crisis políticas marcadas por protestas callejeras. A pesar de tener causas y efectos distintos, varios sectores interpretaron que se trataba de un movimiento telúrico que recorría la región para tumbar a los gobiernos.
“Es apenas una brisita que recorre la región”, dijo entusiasmado, a finales de octubre, Diosdado Cabello, el número dos del régimen de Venezuela. “Pronto se convertirá en un huracán”, sentenció.
Con semejante pronóstico, el movimiento que había sido convocado desde principios de octubre por el Comando Nacional Unitario conformado por las centrales CUT, CTC, CGT y CPC y al que se habían unido distintas organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, para mostrarle su inconformismo al Gobierno Nacional, fue interpretado por algunos sectores políticos como parte de una estrategia externa.
El partido de Gobierno, el Centro Democrático, en boca de su máxima figura, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, declaró, sin matices, que “el paro hace parte de la estrategia del Foro de São Paulo que intenta desestabilizas a las democracias de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósitos ha sido bloquear al gobiernos de presidente Iván Duque».
De ahí que en opinión de la colectividad gobernante había que ponerles un dique a los agentes foráneos que vendrían a hacer desórdenes. “Pedimos a las autoridades competentes la judicialización de los incitadores a la violencia y en el caso de extranjeros que estos sean llevados a la cárcel o deportados”, exigió Uribe.
Esta narrativa caló en muchos de sus seguidores. No solo por la fe que tienen en su palabra sino que en un principio fueron los mismos argumentos usados por los presidentes Lenín Moreno, de Ecuador; y Sebastián Piñera, de Chile; al tratar de explicar las violentas protestas que brotaban en sus respectivos países.
Con el paso de los días, ambos mandatarios se desmarcaron de esta tesis. Las protestas, en el caso chileno, se hicieron mucho más violentas –182 personas perdieron uno de sus ojos por las balas de goma disparadas por los carabineros–, pero igual Piñera cambió el discurso y dejó de mirar el efecto externo: “Pido perdón”, exclamó. “Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer su gravedad».
Las dos orillas
Entre tanto, en Colombia seguía in crescendo la idea de que en el paro habría presencia de extranjeros para manipularlo y que sería violento: “Muchos están llamando a la violencia, a salir a destruir nuestro país, ellos no quieren a Colombia, están engañando a los colombianos”, afirmó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Entre tanto, desde la otra orilla ideológica, empezaron a mostrar su inconformidad, especialmente en las redes sociales, por lo que llamaron “injustas estigmatizaciones”. En estos tiempos, en los que estas conforman un vivo medio de comunicación el debate estaba cocinado.
Era inevitable que a medida que las fuerzas se fueron aglutinando, muchos de los referentes recordarán su postura cuando el plebiscito con el que se buscó sellar el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc. Al leer algunos de los argumentos de parte y parte, en esencia son similares a los de esa época que dejó a la sociedad dividida.
Precisamente, la implementación de los acuerdo de paz volvió al orden del día. Para Duque se trata de un asunto de una complejidad enorme. Él, por principios, de manera honesta y en línea con su pensamiento político –fue uno de los impulsores del NO– podría mirar el tema con distancia. Pero, como jefe de Estado, no puede hacerlo porque debe velar por la vida de todos los compatriotas por mandato legal y porque se lo exige la comunidad internacional que está atenta.
Los promotores del paro, hábilmente, en los últimos días impusieron dos tendencias: Marchar contra el mal gobierno y salvar la paz. En el primer caso, sintetizaron una consigna efectista: puede que no haya un colombiano que no esté inconforme con algo. Desde la corrupción hasta un hueco frente a su casa. Así se creó una dinámica en la que de manera inédita aparecieron las más distintas voces diciendo que iban a la marcha.
Y en cuanto a la paz, los asesinatos de indígenas en el Cauca, las muertes de líderes sociales, el crimen de 158 miembros del partido Farc desde la firma de los acuerdos de paz son hechos inquietantes para el futuro del conjunto de la sociedad.
Lo que faltaba
Con estos elementos, los convocantes parecían haber inclinado la balanza a su favor hasta que saltó otro elemento tan inesperado como nocivo: la aparición, en Medellín, de la creación de un grupo ciudadano autodenominado Resistencia Civil Antidisturbios, con un tono que abrió otra controversia.
El brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, salió a rechazar semejante ofrecimiento: “Ningún grupo ciudadano puede tomar justicia por propia mano porque eso puede empeorar la situación”.
El presidente Duque invitó, entonces, a la Casa de Nariño a empresarios y trabajadores –representados, entre otras centrales, por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)– a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Labores.
Varios de los asistentes al encuentro manifestaron que en la reunión brillaron la sinceridad y el respeto mutuo.
“Tuvimos un diálogo directo y franco con el señor presidente Duque. Quedó claro que se garantizará la protesta y que no hay proyectos de reforma laboral, pensional ni reducción del salario para jóvenes”, contó Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. “Fue una buena reunión”, valoró él.
Pero, si el presidente Duque les reiteró que por ahora no se presentará ningún supuesto paquetazo laboral ni pensional que golpearía a los trabajadores, entonces ¿por qué el paro?
A estas alturas los argumentos son tan diversos que cada cual tiene el suyo. Como ya no hay marcha atrás, el Gobierno busca ahora garantizar que la jornada sea pacífica.
Un reto inmenso para las autoridades que tienen información sólida de planes delictivos de grupos radicales, en especial contra los servicios de transporte; y porque en las movilizaciones recientes el colofón ha sido violento.
Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, en su mensaje en el que informa la cancelación de clases, invitó “a toda la comunidad a reflexionar sobre la necesidad de construir entre todos una sociedad más incluyente y democrática”.
Razonamiento similar al de la Iglesia católica, que también optó por bendecir el paro.
A través de un comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia, recordó las enseñanzas que en su visita a Colombia dejó el papa Francisco: “A pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistan en la lucha para favorecer la cultura del encuentro”.
No obstante la enorme pugnacidad de las últimos semanas, estas palabras parecen haber calado entre las partes. Tras la reunión en la Casa de Nariño firmaron un documento con dos puntos tan elementales como claves: “1. Reiterar el mensaje de respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica. 2. Rechazar rotundamente el uso de la violencia e incitación a la misma como mecanismo de protesta”.
En las últimas horas, el Gobierno se ha empleado a fondo para insistir en que así sean las cosas. Puntos en los que cualquier colombiano sensato está de acuerdo. Ojalá así sea.
Tomado de El Tiempo
