*Texto de la Comisión DH MAPA ANTIOQUIA
“La Asociación Campesina del Norte de Antioquia, la Asociación de Campesinos en Vía de Extinción y las Juntas de Acción Comunal afectadas del municipio de Campamento, rechazamos la jornada de erradicación forzada que viola los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional y carece del protocolo general de bioseguridad para mitigar,controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 (Resolución No. 666 de 2020).
Es perfectamente cuestionable la política pública de legalidad del Gobierno de Iván Duque, toda vez que se transgrede el orden constitucional y el imperio de la ley, cuando las ordenes del poder ejecutivo proceden en contravía de lo legítimo y lo legal.
Por lo menos 500 miembros de la fuerza pública vienen adelantando jornada de erradicación forzada en las veredas Llanadas, El Bosque, El Reposo, El Piñal, San José, La Luz, Norisal, El Chocho y otras 3 más, sin la debida indumentaria que evite propagar la Pandemia.
Recordamos el máximo compromiso adquirido y demostrado por las 1.400 familias adscritas al Programa Nacional de Sustitucion Voluntaria de Cultiuvos de Uso Ilícito PNIS quienes a una voz denunciamos el incumplimiento del Estado colombiano a lo pactado en el PNIS los PDET, por lo tanto, haciendo uso de la protesta como recurso último, nos oponemos a esta jornada y exigimos todo el respeto por la dignidad del campesinado.
Alertamos sobre posibles acciones violentas de parte de la fuerza pública contra la población, nuestras afirmaciones las basamos en los recientes hechos ocurridos el 20 de mayo en la Vereda Tacamocho de Anorí, donde el Ejército Ncional usa las armas contra el campesino Ariolfo Sánchez causándole la muerte inmediata; este crímen se suma a la desaparición forzada de Didian Arley Agudelo y posterior asesinato del líder comunitario acaecido en zona rural del municipio de Campamento el pasado 25 de febrero, posiblemente a manos de la de la Fuerza Pública, quien fue desaparecido y posteriormente asesinado presuntamente a manos del Ejército Nacional.
Nuevamente pedimos todas las garantías para la realización de movilizaciones sociales de protesta y que el Ministerio Público defienda nuestro legítimo derecho.
Las comunidades campesinas, hemos exigido al Estado colombiano la implementacion perentoria de las alternativas de sustitución que fomenten y rescaten la calidad de vida del campesinado.
Exigimos
- Al Estado colombiano el cumplimiento de los acuerdos de paz y se detengan todas las acciones de erradicación forzada en Colombia.
- La implementación y el cumplimiento del PNIS y los PDET.
- Investigación y judicialización a los miembros de la fuerza pública que han cometido estas graves violaciones a los derechos humanos.
- Todo el respeto para la movilización social de las comunidades campesinas que protestaremos y exigiremos nuestros derechos.
- Al Gobierno de Iván Duque para que se proteja la vida, la integridad y los derechos humanos en este territorio.
- Solicitamos al movimiento social estar alertas de las afectaciones y situaciones que constituyan un riesgo para las comunidades”.
