Al menos 13 de las 32 universidades públicas del país suspendieron el segundo semestre del 2019 y no lograron culminar satisfactoriamente el calendario académico.
En algunas instituciones, el cese de actividades académicas se generó por actos de corrupción, escasez de recursos, hechos de violencia, apoyo al paro nacional o porque el calendario no alcanzó.
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De acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE), las instituciones públicas que suspendieron el semestre son: Universidad de La Guajira, Universidad del Atlántico, Universidad del Tolima, Universidad Surcolombiana, Universidad de la Amazonia, Universidad Industrial de Santander, Universidad Nacional (sede Medellín), Universidad de Pamplona, Universidad de Caldas, Universidad Popular del Cesar, Universidad del Magdalena, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Distrital.
«Dependiendo del número de semanas que les quedan a las universidades para terminar el semestre, lo que podría suceder es que no se estabilicen los dos semestres académicos del año (2020), teniendo en cuenta que un semestre máximo tiene 19 semanas y mínimo 16. Se va a presentar un desequilibrio que se va ir arrastrando», sostiene Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del SUE.
Los efectos, según Torres, se pueden analizar de distintas maneras. «Las expectativas de muchos jóvenes que no lograron graduarse en diciembre, las implicaciones en la economía familiar y el impacto en las economías locales, pues en los alrededores de las instituciones gravitan actividades económicas, en su mayoría informales, que se ven resentidas cuando las universidades están cerradas. Las instituciones también se ven impactadas porque tienen gastos fijos que se deben pagar aunque no se trabaje».
Un caso particular, resalta el director del SUE, es el de la Universidad de La Guajira debido a que la suspensión del semestre se originó por falta de recursos. «Fruto de la crisis que atraviesa esa parte del país, el departamento de La Guajira le adeuda más de 60.000 millones de pesos a la Universidad de La Guajira. Frente a eso, la institución académica no tiene cómo funcionar y el rector se vio en la obligación de paralizar todas las actividades», explica Torres.
En la Universidad Distrital, por ejemplo, los estudiantes entraron en paro indefinido desde el 30 de octubre del 2019 luego de que estallara un caso de corrupción. Para volver a la normalidad académica, los estudiantes han solicitado la creación de una Asamblea Universitaria para tener mayor participación en la institución.
Hasta el momento, ese espacio todavía no ha sido aprobado por el consejo superior de la institución.
«En estos momentos está muy emproblemado el semestre (2019-2). Es decir, habría que hacer un esfuerzo tremendo para realizar tres semestres en el año (2020). La gran limitación son los recursos financieros, porque es necesario conseguir dinero para poder hacer todo eso en un año», señala Ricardo García, rector de la Universidad Distrital.
Advierte que de cancelarse el semestre, se perderían alrededor de 9.000 millones de pesos. «La Asamblea Universitaria es un escenario de discusión y de representación universitaria en donde estarían estudiantes, maestros y funcionarios. Hay que tener en cuenta que en ninguna universidad del país existe ese espacio y, de aprobarse, seríamos la primera institución en tenerlo. Como rector me parece una propuesta interesante (…), pero finalmente quien aprueba es el consejo superior, que tiene distintas fuerzas, y es lógico que miren con cuidado el tema», dice García.
En el caso de la Universidad Pedagógica, la suspensión se generó luego de que el rector Leonardo Martínez fuera objeto de abusos verbales, señalamientos directos, gritos y agresiones durante una mesa de negociación que se adelantaba con estudiantes, en noviembre del 2019.
Para Carlos Mario Lopera, experto en educación superior y director del Observatorio de la Universidad Colombiana, la situación de estas 13 universidades no es tan grave si se tiene en cuenta que en 2018 se vivió una situación similar.
«Es lo mismo del año antepasado, cuando con el paro muchas quedaron pendientes de terminar el semestre y lo hicieron el 2019. De 52 semanas al año, las universidades tienen programadas entre 32 y 36 para el calendario académico, con lo que les es muy fácil ponerse de acuerdo. El punto de fondo es cómo van a quedar las cargas políticas con los nuevos gobiernos locales y departamentales, porque, por ejemplo, la gobernadora del Atlántico será determinante en la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico».
En esa universidad del Caribe colombiano se suspendió el semestre luego de un paro estudiantil que duró varias semanas y en el que los jóvenes hicieron una serie de peticiones, entre las cuales estaba cambiar la manera como se elige al rector.
«El problema ya no es tanto de dinero, es netamente político. Son las pugnas de poder entre los consejeros del superior que vienen heredadas de mucho tiempo atrás», dice Lopera cuando se le preguntó por la situación de la Universidad del Atlántico.
Entre tanto, Jairo Torres, director del SUE, hace un llamado a los estudiantes para que retornen a la actividad académica y así sea posible terminar el segundo semestre del 2019. Se espera que el semestre se retome a principios de enero.
«Como rectores proponemos que la universidad pública no se paralice y siga funcionando (…). Nosotros le hemos propuesto al Gobierno Nacional que se instale una mesa única de educación superior pública en el marco del paro, con el objetivo de que recuperemos el tiempo perdido, sin que exista el recurso a la parálisis», agrega Torres
Tomado de El Tiempo
