Por Luis Fernando Quijano Moreno
El municipio de Bello vive una inestabilidad política, social, administrativa y de seguridad debido al irresponsable manejo que le ha dado buena parte de su dirigencia en cabeza de la familia Suárez Mira.
La última mala jugada del clan familiar fue la de poner a manejar el municipio a César Suárez Mira quien, siendo alcalde en ejercicio, fue capturado porque presuntamente falsificó el diploma de bachiller. Poder económico y poder político muchas veces no son sinónimos de inteligencia.
A lo anterior se debe sumar que Bello, municipio que fue considerado el quinto más seguro de Colombia, distinción igual de falsa al diploma de bachiller del alcalde, continúa siendo un escenario de violencia y criminalidad desmedida; 90 % de su territorio sigue controlado por el crimen urbano, un sector de la institucionalidad consolida ese dominio criminal a través de la protección oficial que brinda a cambio de todo tipo de favores económicos y una parte de la clase política se lucra del control territorial y social al igual que una parte de los comerciantes y los empresarios.
En este municipio, que en lo corrido del año lleva más de catorce homicidios, se presentaron tres asesinatos recientes que comprometen a las bandas paramilitarizadas más poderosas y a la estructura paramafiosa de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), hechos que afianzan la tesis de que en Bello el crimen cogobierna a sus anchas ante la indiferencia institucional y la complacencia de la dirigencia política y empresarial.
El 16 de febrero fue asesinada Idalia Rentería Palacios, docente de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, ultimada por disparos a las 8:54 p. m. cuando descendía de un taxi en el barrio El Congolo. El hecho se presentó en la carrera 48 con la calle 56, zona de influencia y control de la banda El Mesa, perteneciente a la alianza norte que está compuesta por Los Chatas y las AGC o Clan del Golfo. Hay serios indicios de que el permiso para asesinar a la docente fue solicitado por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que ya habrían ofrecido dinero por la muerte de la profesora. Según informaron fuentes cercanas, la profesora ya estaba “pagada” y al parecer los sicarios fueron de la banda Pachelly, encargada de hacer acciones sicariales cuando estas son a cambio de fuertes sumas de dinero.
El 21 de febrero, sicarios en dos motocicletas asesinaron, con arma de fuego y al parecer con silenciadores, a Luis Albeiro Gómez, exgerente de Coopebello, empresa de taxis de Bello. El hombre fue ultimado dentro de su vehículo en la autopista Norte, cerca del puente de Madera, aproximadamente a las 7:00 p. m.
Este asesinato se habría producido por negarse a pagar un extorsión (vacuna) a la banda de Pachelly; presuntamente los jefes de esta, con alias Vallejo a la cabeza, consideraban que Gómez les debía dinero.
El 27 de febrero, en las horas de la mañana, fue encontrado muerto en zona verde del barrio La Guayana el periodista y narrador deportivo Leónidas González Pérez coordinador del capítulo afro de la Mesa de Derechos Humanos de los periodistas de Medellín y Antioquia, además era estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia.
Hay indicios de que el periodista asesinado estaría apoyando las denuncias contra las bandas de Pachelly, Chatas, e incluso contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la región de Urabá. Se habla de que semanas antes habría recibido llamadas de parte de miembros de estas organizaciones ilegales donde lo conminarían a cesar cualquier denuncia o a servir de testigo en procesos contra ellos. Este defensor de derechos humanos se habría negado a hacerlo.
Según las autoridades que dicen estar investigando a fondo lo ocurrido, el cadáver de Leónidas apareció con una “fractura total del cráneo” y en el lugar donde fue hallado hay un arrastre sobre zona verde descendente, indicando que movieron el cuerpo. Además hay un lago hemático a la altura de las extremidades superiores, según reporta el periódico El Colombiano que habrían indicado las autoridades competentes.
Análisis Urbano, frente a lo expresado por las autoridades sobre “muerte por establecer”, ha recibido informaciones que apuntan a que Leónidas González Pérez sufrió el ataque criminal por parte de miembros de la banda Pachelly, quienes le aplicaron “la batea”, que no es otra cosa que golpear con un bate de aluminio o madera a las víctimas. “Ellos, los Pachelly, tienen un modus operandi que le aplican a la gente y a su propios miembros: ‘la batea’”, afirma una víctima de estos criminales.
Como siempre suele ocurrir Análisis Urbano y la ONG Corpades esperarán con tranquilidad los ataques no solo de los criminales sino de sectores de la institucionalidad que desde la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional e incluso desde la Alcaldía de Bello saldrán a atacar a quienes denuncian el contubernio entre lo legal e ilegal y serán como suelen serlo siempre, cuidadosos con atacar el crimen.
Corpades y Análisis Urbano esperan que estas hipótesis sobre estos tres asesinatos sean tenidas en cuenta y verificadas por las autoridades competentes. Esperamos que la mano siniestra del crimen urbano que se enquisto en la Sijín Meval y la Fiscalía General de la Nación no desvíen las investigaciones como tantas otras veces al parecer han hecho, por ejemplo, las masacres en Envigado, Guanteros y la de Morro.
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