Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar gritos y ruidos en el inmueble
Antioquia. 30 de Junio de 2025. –Tres hombres fueron condenados a penas que oscilan entre 12 y 16 años de prisión por el asesinato de dos líderes de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín y Caldas. Las sentencias se lograron mediante preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación y aceptación de cargos.
Según el medio de la FGN. Daniel González Cano y Yoimar Blandón Córdoba recibieron una condena de 16 años y 8 meses por el homicidio de Mateo Jaramillo Naranjo. La víctima, docente universitario y activista LGBTIQ+, fue asesinada el 17 de enero en su apartamento ubicado en el barrio Laureles de Medellín.
La investigación reveló que los sentenciados entraron al inmueble, amarraron de pies y manos a Jaramillo, lo golpearon repetidamente y luego lo asfixiaron. Un día después, las autoridades hallaron su cuerpo con múltiples hematomas y lesiones visibles en el rostro, cuello y extremidades.
Ambos huyeron del lugar con el celular, documentos y tarjetas bancarias de la víctima, las cuales fueron utilizadas en varias transacciones. Aunque la Fiscalía continúa investigando el delito de hurto calificado, ese cargo no fue aceptado ni incluido en el preacuerdo.
En otro caso, Diego Alexander Becerra Rave fue condenado a 12 años de prisión por asesinar a Karis Saldarriaga, activista LGBTIQ+, en el municipio de Caldas el 20 de octubre de 2024. Según la investigación, Becerra discutió con la víctima dentro del inmueble, y durante el altercado la atacó con arma blanca.
Vecinos alertaron a la Policía Nacional tras escuchar gritos y ruidos extraños. Cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron el cuerpo sin vida de Saldarriaga.
Las sentencias representan un avance en la lucha contra los crímenes por orientación sexual e identidad de género. Las autoridades reiteraron su compromiso con los derechos humanos y la protección de la población LGBTIQ+.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.