META, COLOMBIA. (14 DIC 2024) – Tres hombres señalados de estar involucrados en intentos de feminicidio contra tres mujeres en diferentes municipios del Meta fueron enviados a prisión preventiva por orden de jueces de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado, cargos que no aceptaron los procesados.
Primer caso: ataque en Villavicencio
El primer hecho ocurrió el 2 de junio en una vía pública del barrio Comuneros, Villavicencio. Según las investigaciones, Manuel Antonio Useche Benito habría atacado con un arma blanca a una mujer que se negó a mantener una relación sentimental con él.
Segundo caso: agresión en El Castillo
El 30 de septiembre, en el sector residencial de El Castillo, un hombre presuntamente atacó con un arma cortopunzante a su compañera permanente en medio de una discusión.
Tercer caso: violencia en Puerto López
El tercer hecho data del 3 de abril de 2018, cuando un hombre ingresó ilegalmente a la vivienda de su excompañera en Puerto López. Allí, la agredió en repetidas ocasiones con un arma blanca, dejándola gravemente herida y en riesgo de perder la vida.
Atención oportuna a las víctimas
En los tres casos, las mujeres recibieron atención médica oportuna en centros asistenciales, logrando salvar sus vidas gracias a la rápida intervención de los servicios de salud.
Compromiso de las autoridades
La Fiscalía General y la Policía Nacional reiteraron su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de género, e invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia contra las mujeres.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.