YOPAL, COLOMBIA (12 AGO 2024) – La Fiscalía General de la Nación, a través de fiscales adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Casanare, logró que jueces con función de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento contra tres hombres, quienes habrían cometido delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego en el departamento de Casanare.
En un primer caso, Jhon Jairo C. A. fue capturado y judicializado por el delito de homicidio en grado de tentativa, cargo al que no se allanó. Los hechos se remontan al pasado 9 de mayo en el municipio de Hato Corozal, donde C. A., presuntamente, disparó en tres ocasiones contra una persona que se encontraba en la puerta de un establecimiento público, dejándola gravemente herida. El juez que conoció el caso le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Cabe destacar que Jhon Jairo cuenta con antecedentes penales por extorsión, concierto para delinquir, rebelión, amenazas y lesiones personales.
En un segundo caso, los hermanos José Polidoro A. F. y José David A. fueron capturados por orden judicial el pasado 9 de agosto. Ambos fueron imputados por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, cargos que no aceptaron. Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2023, cuando presuntamente atacaron con armas de fuego a un hombre que se encontraba compartiendo en su finca con amigos. Afortunadamente, la víctima logró sobrevivir tras recibir atención médica en un centro asistencial.
Los jueces impusieron medidas restrictivas de la libertad para José Polidoro A. F. y José David A., quienes deberán someterse a controles con dispositivos electrónicos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.