SANTANDER, COLOMBIA (23 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Expedito F., conocido como alias «Pedro el Escamoso», Shirley A. y Javier R. R., señalados de participar en el homicidio del subintendente de la Sijin, Omar Enrique Torres Cuadros, ocurrido en el casco antiguo de Floridablanca.
Detalles del caso
El incidente, calificado como un hecho de intolerancia, tuvo lugar la noche del pasado 18 de noviembre. Según las investigaciones, los tres procesados habrían abordado al uniformado, lo que derivó en una discusión que escaló rápidamente. Durante el altercado, Torres Cuadros recibió una herida mortal en el pecho con un arma cortopunzante, atribuida a alias «Pedro el Escamoso».
El subintendente falleció en el lugar debido a la gravedad de la lesión.
Imputación de cargos
La Fiscalía imputó a los tres detenidos el delito de homicidio agravado, cargo que ninguno aceptó durante las audiencias preliminares.
Expedito Figueroa, alias «Pedro el Escamoso», fue capturado en flagrancia tras el ataque, mientras que Shirley Anaya y Javier Ramírez Ramírez fueron detenidos como presuntos cómplices del crimen.
Decisión judicial
Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres implicados. No obstante, la defensa de los acusados apeló la decisión.
Respuesta de las autoridades
La Policía Nacional lamentó la pérdida de uno de sus miembros y reafirmó su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de este tipo de hechos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.