Tribunal dominicano prohíbe la emisión de testimonios del caso Odebrecht

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Santo Domingo, 8 enero- El tribunal de República Dominicana que juzga el caso Odebrecht en el país prohibió este viernes la emisión de la audiencia, medida que coincide con la declaración de los testigos brasileños que comparecen en el proceso, suspendido el pasado 21 de diciembre, precisamente, por la ausencia de estos.

La decisión de las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional responde al argumento de que los testigos que no están presentes en la sala pueden ser influenciados al tomar conocimiento de las declaraciones, condicionando así futuros testimonios, algo que vulnera el principio de publicidad de la audiencia.

La resolución toma en cuenta la solicitud de la defensa del imputado Ángel Rondón en este sentido y supone que, a partir de este momento, cuando un testigo declare durante el juicio, las emisiones en vivo se suspenderán y los medios de comunicación presentes en la audiencia no podrán grabar videos ni audios de los testimonios.

«Lo único a lo que deben abstenerse los medios de comunicación es a difundir los videos y el contenido de las declaraciones de los testigos que se estén presentando en este juicio», decidió el tribunal, limitando así el derecho a informar en esta etapa del juicio, que se ha estado transmitiendo por la plataforma del Poder Judicial y por diversos distintos medios de comunicación.

En la audiencia de este viernes comparecen Mauricio Dantas Bezerra y Rodrigo Maluf Cardoso, ejecutivos de Odebrecht, quienes no se presentaron ante el tribunal, que dispuso orden de conducencia contra estos y contra Marcelo Hofked, que se excusó alegando que se encontraba de licencia médica.

Los seis acusados dominicanos son los exsenadores Tommy Galán, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, el exministro Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga y el representante comercial de Odebrecht en la República Dominicana, Ángel Rondón.

La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana para obtener la adjudicación de obras públicas entre 2001 y 2014.

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