Tribunal ordena a Duque explicar por qué no envió a la ONU acuerdos alcanzados con el Eln

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le concedió al senador Iván Cepeda y al exministro Álvaro Leyva la tutela que entablaron en contra del presidente Iván Duque por no haber depositado ante Naciones Unidas los documentos sobre los acuerdos que se alcanzaron a pactar entre el Gobierno y el Eln durante el proceso de paz que el propio Duque dio por terminado en enero de 2019.

Cepeda y Leyva fueron facilitadores en dicha iniciativa de paz y consideran que, pese a que Duque decidió que su gobierno se levantara de la mesa ante el ataque de esa guerrilla contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander el 17 de enero en Bogotá, el proceso había llegado a un punto de avance nunca visto y que, como consecuencia de él, había avances muy importantes que no se deberían perder.

Entre dichos adelantos está por ejemplo la suscripción, por primera vez en la historia, de una agenda concreta de diálogos entre el Gobierno y el Eln cuya definición tardó casi cuatro años. Además, también había una agenda humanitaria entre las partes y un cese bilateral.

Después del ataque del Eln contra la Escuela de Cadetes de la Policía, que cobró la vida de 22 uniformados como consecuencia del ingreso de un carrobomba a dicha institución, Duque no dudó en dar por terminadas las operaciones de paz. Acusó a la guerrilla de no tener una verdadera voluntad de paz o reconciliación. Incluso decidió que no se cumpliría el protocolo acordado ente la partes para el levantamiento de la mesa en caso de ruptura y hasta pidió a Cuba que enviara de inmediato a Colombia a los jefes de esa organización que se encuentran en la isla.

La decisión del mandatario colombiano generó una controversia internacional en la que, hasta Noruega, uno de los países garantes del proceso con el Eln y reconocida autoridad mundial en escenarios para el desarrollo de procesos de paz, le señalaron a Colombia que los protocolos establecidos durante una negociación se deben cumplir. Todos rechazaron el ataque guerrillero contra los policías, pero ni Cuba ni Noruega consideraron que dicha acción justificara la ruptura de los protocolos.

Una semana después fue cuando Leyva y Cepeda le pidieron al Gobierno que depositara ante la ONU y países garantes y facilitadores la copia de los acuerdos hasta ese momento alcanzados con el Eln. Esto con el fin de que no perdieran los cuatro años de exploración de diálogos desarrollados durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

A diferencia del proceso de los diálogos con las Farc, en que nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado, en los diálogos con el Eln había acuerdos parciales como el de la agenda de negociación que los amigos de ese proceso de paz consideran invaluables.

Fue en ese contexto que Leyva y Cepeda buscaron primero al alto comisionado, Miguel Ceballos, a quien le pidieron que: “depositaron esos acuerdos en Naciones Unidas y en los países garantes para que digamos si se retoman esas conversaciones en el futuro, como creemos que debe ocurrir, no haya que partir de cero”, declaró Cepeda.

Ceballos les contestó que el manejo de la política de paz estaba en manejo del presidente y que era él quien tomaba las decisiones al respecto, respuesta que no satisfizo ni a Cepeda ni Leyva quienes decidieron entonces hacerle el requerimiento al propio jefe de Estado mediante un derecho de petición.

“Le dirigimos un derecho de petición al señor presidente con la misma pregunta: si estaba o no dispuesto a que designara a alguien que fuera ante la ONU y que dejará allá los acuerdos a los que se había llegado y que hiciera algo similar antes los países garantes. La presidencia respondió con la misma evasión del comisionado, como si hubiera cogido la carta del comisionado y le hubiera hecho corte pegue”.

Como el presidente tampoco les contestó, acudieron al Tribunal de Cundinamarca, que este viernes 3 de mayo les concedió la razón y le ordenó al presidente que «en un término de máximo cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, responda de fondo la petición presentada el 14 de marzo de 2019 por Leyva y Cepeda».

Tomado de El Espectador